El desahucio de tres familias con seis menores que residen en Morro Jable se suspendió ayer de forma temporal como consecuencia de la movilización de los familiares, vecinos y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Lanzarote y Fuerteventura tras cerrar con cadenas el inmueble.

Finalmente ningún funcionario de los juzgados ni los agentes policiales acudieron a las viviendas para ejecutar el alzamiento promovido por la empresa Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa) que se encarga de los alquileres de este edificio de Lopesan. Gesturpa llegó a un acuerdo con Lopesan para encargarse del arrendamiento de este inmueble, construido en suelo público, y que fue destinado a personas que pasaron por un filtro de los Servicios Sociales por su especial necesidad.

Blanca Sánchez y Carmen Delia Pulido, que debían abandonar sus hogares ayer, denunciaron "la falta de información y la angustia" que sufren ante la posibilidad de quedarse en la calle con su hijos. "Hemos sacado los muebles porque son nuestros y la empresa nos pide que entreguemos las llaves y nos vayamos para quitarse un peso de encima, pero ante todo somos personas sin recursos y exigimos ayuda y una respuesta por parte del alcalde de Pájara" afirman las residentes.

En total son 29 las familias que serán desahuciadas en un plazo de dos meses tras no poder afrontar las rentas, que ascienden a 500 euros mensuales. "Nadie ha querido negociar con nosotros y entramos con unas condiciones de rebaja de alquiler y compra que no se han cumplido" señalan. Seguidamente recuerdan que les prometieron unas ayudas que nunca llegaron, "y nos entregaron las casas vacías, sin contadores de agua y luz". Los afectados reconocen que llevan meses sin pagar tras quedarse sin empleo y sin dinero.

El contrato original de alquiler protegido de estos vecinos con Gesturpa está firmado por el vicepresidente del Cabildo y concejal del Ayuntamiento de Pájara, Blas Acosta, quién reconoció que "hay vecinos con deudas de hasta 17.000 euros".

"Nosotros siempre hemos negociado con ellos y a los que no pueden pagar les hemos pedido que entreguen las llaves e incluso el Ayuntamiento ayudará a las familias más necesitadas, pero este inmueble es de propiedad privada" recordó Acosta. Asimismo, el administrador de Gesturpa anunció que han convocado una reunión para el lunes con las familias.