"Las reservas las hacía por instrucciones del gerente del Patronato, del departamento de comunicación o bien de la consejera a través de su secretaria". Así explicó el exasesor de Águeda Montelongo, Santiago Herrera Santana, al magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Fernando Lorenzo, y del Fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luís del Río, su labor en el Patronato de Turismo de Fuerteventura en relación con las facturas pagadas por la citada institución pública a altos cargos nacionales del PP por viajes y estancias en la isla y que investiga la Justicia tras una denuncia del entonces vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura y consejero del partido conservador, Guillermo Concepción.

El TSJC decidió abrir la causa del 'caso Patronato' al observar indicios de delito de malversación de fondos públicos en la actuación de Agueda Montelongo tras haberse inhibido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Puerto del Rosario como consecuencia de la condición de aforada de Montelongo.

La Justicia quiere esclarecer por qué se abonaron con dinero del Patronato de Turismo la estancia del entonces senador, Tomás Burgos Gallego y del diputado nacional Ramón Moreno Bustos, quienes se trasladaron a Fuerteventura en 2010 para participar en un acto del PP relacionado con la pensiones. Ambos dirigentes se hospedaron en el hotel Sheraton cuya estancia costó 346,50 euros. También investiga cuando el entonces senador Tomás Burgos Beteta, actual secretario de Estado de la Seguridad Social, disfrutó de unas vacaciones de Semana Santa en la zona de Moro Jable y cuyos gastos, que ascendieron a 560,00 euros fueron cargados al Patronato de Turismo, al igual que un coche de alquiler que fue retirado por el entonces secretario general del PP canario y diputado regional, Manuel Fernández. En todos los casos se camuflaron las facturas a nombre de periodistas que acudían a la isla a realizar reportajes.

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