El Cabildo majorero ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y a la Consejería de Presidencia , Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias el retorno a la Isla de los archivos judiciales que se generan en el marco de la actividad de los distintos tribunales majoreros.

Las autoridades judiciales decidieron en 2007, argumentando falta de espacio, trasladar al Archivo Judicial Territorial de Telde los fondos documentales existentes hasta el momento en Fuerteventura. Este procedimiento se ha seguido llevando a cabo, a pesar de que el Cabildo majorero ofreció desde un primer momento los servicios del Archivo General Insular para custodiar los fondos judiciales de la Isla.

Desde el Cabildo se reconoce que desde hace siete años se han venido realizando numerosas gestiones para hacer posible su devolución sin que las mismas hayan fructificado. Con la apertura del nuevo edificio del Archivo Insular en Puerto del Rosario, el Cabildo ha renovado esta reivindicación, ofreciendo en este caso las modernas instalaciones, inaugurada a finales del pasado año, para el archivo de documentos.

El presidente del Cabildo insular, Mario Cabrera, valoró negativamente las "molestias que genera tanto a los profesionales de las distintas instancias judiciales como a los propios vecinos de Fuerteventura el hecho de que estos archivos que son necesarios para todo tipo de gestiones se encuentren fuera de la Isla". Además, añadió, "supone un gasto innecesario de copias, envíos y traslados de personas para consultar estos archivos que podría evitarse fácilmente. Hablamos de documentación que trata sobre asuntos de Fuerteventura y que por lo tanto concierne a la gente y a los profesionales de esta Isla, que son quienes deberían poder consultarla de manera accesible".

El Cabildo pretende que la devolución de los documentos pueda realizarse a través de un depósito de los fondos en el Archivo General Insular, suscribiéndose entre la institución insular y el órgano competente de la Administración de Justicia un convenio, en el que se regule la gestión de los fondos y se establezca un procedimiento de acceso a los mismos, tanto para la consulta directa como para la obtención de copias, e incluso que los funcionarios de la Administración de Justicia en la isla puedan gestionar con la seguridad y corrección los documentos.