Josefa Hernández Góez, vecina de Campo Viejo en Aguas Verdes (Betancuria), de 63 años de edad tendrá que entrar mañana en la prisión de Tahíche de Lanzarote por la construcción de su vivienda, donde reside con su hija discapacitada, su hijo en el paro y tres nietos.
La condena dictada por la Magistrada, María Isabel Quintana Verdugo, titular del Juzgado nº 2 de lo Penal de Puerto del Rosario es por el delito contra la ordenación del territorio con seis meses de prisión, 700 euros de multa, que ya ha pagado, y el derribo de las obras de su vivienda, lo que la deja en la calle.
Desde Podemos Fuerteventura anuncia su portavoz Andrés Briansó que asesora a la familia para solicitar el indulto particular al ministerio de Justicia, Rafael Catalá, "para que la abuela no entre en prisión", debido a la situación de emergencia en la que viven, y a que ella siempre ha actuado en beneficio de sus nietos, con el objetivo de que no se queden sin una casa". Briansó también es portavoz de la Plataforma Antidesahucio de Fuerteventura (PAH).
"Junto con la PAH, está buscando una alternativa habitacional para la familia, además de intermediar con Bankia, el banco donde tiene domiciliado sus ingresos, para ver si le pueden ofrecer una vivienda social ante la gravedad de la situación", insiste Andrés Briansó.
Por su parte Natividad Arnáiz, diputada de Podemos por Fuerteventura, ha iniciado la maquinaria parlamentaria y contactó con el Diputado del Común, para ver qué opciones le quedan a Josefa Hernández para evitar su entrada en prisión. "Podemos se compromete a buscar alternativas para que la familia no se quede sin un lugar al que ir, e intentar evitar el ingreso en prisión de la abuela, quien es la responsable de la familia y se ha comprometido a acatar la sentencia demoliendo su casa.
"Si consigo una vivienda social me comprometo a tirar mi casa como manda el juzgado, y no lo había hecho hasta ahora por desconocimiento y no tener otro techo donde vivir con mi familia", asegura Josefa. De hecho la primera sentencia de derribo se remonta al año 2012 porque la vecina construyó su vivienda en un Espacio Natural, en un terreno heredado.
"Creemos que la huelga de hambre es una decisión muy arriesgada para su salud y es la peor de las soluciones, porque ella está enferma y padece diabetes", explicó indignado Andrés Briansó.
