El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, exigió ayer al Estado que se pronuncie "ya" sobre el indulto solicitado a favor de Josefa Hernández, la ciudadana de Fuerteventura que se enfrenta a la cárcel por no derribar su casa. En un comunicado del Gobierno regional, el consejero dice que el derribo de la casa lo había ordenado una sentencia en 2012, pues fue edificada en lo que hoy forma parte de un parque natural del municipio de Betancuria.

Josefa Hernández alega que no lo hizo porque no tiene otra vivienda y Afonso recuerda que la mujer está pendiente de un indulto "sin que hasta la fecha el Gobierno que preside Mariano Rajoy se haya pronunciado".

Por este motivo, el consejero mostró su total disponibilidad a reunirse con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a fin de acelerar el proceso, algo que considera urgente dadas las condiciones de la afectada, de 63 años y cabeza de familia. Asimismo, el político canario explicó que el departamento de Políticas Sociales, a instancias de la vicepresidenta Patricia Hernández, lleva días trabajando junto al Cabildo de Fuerteventura en una línea urgente de ayuda a la familia de Josefa Hernández.

Ambas administraciones están comprometidas en hallar una solución social cuanto antes.

Hernández estaba obligada a ingresar el pasado viernes en prisión para cumplir la condena de seis meses de cárcel que le impuso un Juzgado de Puerto del Rosario por un delito medioambiental, consistente en haber construido su casa en un espacio protegido, el Parque Rural de Betancuria. Su encarcelamiento no se produjo por problemas de salud que obligaron a su internamiento en el Hospital de Fuerteventura durante varias horas

Sin embargo, Josefa Hernández Goez anunció ayer su intención de ingresar en prisión desde que "recupere fuerzas". La familia solo desea que la matriarca se recupere de la tensión y la subida de azúcar y anunció que lo más probable es que viaje mañana a Lanzarote para entrar en la cárcel de Tahíche.

Desmayo

El Juzgado nº 2 de lo Penal de Puerto del Rosario condenó a Josefa Hernández, el pasado 11 de agosto, a seis meses de prisión y el derribo de su única vivienda. Sin embargo, el pasado viernes cuando la vecina se dirigía la prisión de Tahíche se desmayó en el muelle de Corralejo antes de coger el barco a la isla vecina.

Josefa se derrumbó en su tercer día de huelga de hambre y de manifestaciones en la puerta de la Delegación de Gobierno, donde pernoctaba junto a su hija Minerva, para reclamar "justicia" y una sustitución de la pena para evitar su ingreso en prisión. "Soy madre de siete hijos y tengo una hija discapacitada y tres nietos a mi cargo que me necesitan y lo único que he hecho en mi vida es trabajar. Nunca he cometido un delito y me parece que esta condena es un abuso", asegura la majorera.

Josefa Hernández ha recibido una ola de solidaridad en toda Canarias y el resto del país. El grupo político Podemos Fuerteventura ha prestado su apoyo e iniciado una movilización en toda Canarias con una petición de indulto al ministro de Justicia. Podemos ha informado también del caso al Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, para pedirle que se sume a la solicitud para que sea indultada y se beneficie de un alquiler social . El Colegio de Abogados de Las Palmas se ofreció para defenderle con el letrado José De León.

En la plataforma Change.org más de 20.000 personas firman la iniciativa lanzada por una de sus hijas, Minerva Zerpa Hernández, que pide personalmente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que interceda por esta mujer. "Mi madre ya pagó la multa y se compromete a tirar la casa que construyó, una vez consiga una vivienda para su familia. Por favor, señor ministro de Justicia, no deje que mi madre entre en prisión", concluye la petición de Minerva Zerpa .

Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Canarias convocarán mañana, ante las delegaciones del Gobierno de España de cada isla, concentraciones para pedir el indulto de Josefa. Será a las 18.00 horas cuando las PAH de Canarias presentarán ante las sedes de las delegaciones del Gobierno un escrito dirigido al ministro del Interior solicitando el indulto de la ya conocida como la abuela de Fuerteventura, que no ha derribado su casa por carecer de recursos ni alojamiento.