El Gobierno canario ofrecerá una casa en Puerto del Rosario de manera temporal a la familia de Josefa Hernández, hasta que se busque una solución que se intentará que sea en su localidad, Betancuria, ha anunciado su viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena (PSOE).
Mena tenía previsto reunirse con el presidente del Cabildo majorero, Marcial Morales (CC), para seguir trabajando en el protocolo antidesahucios, pero el asunto de Josefa Hernández, en prisión por haber construido en el espacio protegido y no haber acatado la sentencia de derribo por carecer de un lugar donde alojarse, ha centrado la reunión entre ambas instituciones.
La viceconsejera ha viajado hoy hasta Fuerteventura con una propuesta "concreta e inmediata": la de ofrecer a la familia de Josefa Hernández una vivienda propiedad de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) que se construyó, en su momento, en una promoción de renta libre y que cuenta con tres dormitorios.
Asimismo, ha insistido en que la cesión de este piso "no conllevará que se vean perjudicadas las personas que están en la lista de demandantes de vivienda social".
Mena ha explicado que se trata de una "solución lo más ágil posible" y que garantizará que, en ningún caso, la familia de Josefa Hernández "quede en situación de desamparo", a la vez que ha recordado que ese ha sido "el compromiso de las instituciones canarias desde el primer minuto".
La propuesta del Gobierno canario de trasladar a la familia a una vivienda en Puerto del Rosario cuenta con el beneplácito del presidente del Cabildo majorero y del alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña (independiente), quienes trasladarán la noticia a la familia.
Si finalmente los hijos de Josefa aceptan la propuesta, la mudanza sería cuestión de días, porque "es solo conectar el agua y la luz", ha aclarado la viceconsejera.
Por su parte, Marcial Morales ha anunciado el compromiso del Cabildo majorero y del Ayuntamiento de Betancuria de redactar el proyecto de demolición y reforzamiento de la parte de la vivienda que no está afectada por la sentencia.
El presidente majorero ha recordado que la demolición de la vivienda es una orden que tiene Josefa, pero "por su situación social, Ayuntamiento y Cabildo van a unir fuerzas para darle un apoyo económico que le permita cumplir esa sentencia".
En un futuro se espera que la familia pueda volver a vivir en la vivienda que Josefa Hernández heredó de sus antepasados en la zona de Campo Viejo, en Betancuria y cuya ampliación fue motivo de una sentencia de 2012 del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario.
En ella, se ordenaba su demolición, pagar 720 euros (ya abonados) y cumplir una condena de seis meses de prisión.
El alcalde Marcelino Cerdeña ha explicado a los periodistas que hay que trabajar "deprisa" en el proyecto de demolición y que este debe contemplar reforzar el resto de la vivienda, no afectada por la sentencia, y que "en un futuro podría ser, si reúne las condiciones de habitabilidad, la vivienda definitiva", pero eso "tendrán que certificarlo los técnicos".
Los efectos del invierno de 2007 obligaron al Ayuntamiento a apuntalar la casa y, tras finalizar el invierno, la familia mejoró los techos, en peligro de derrumbe, y a partir de ahí, según el alcalde, "se les facilitaron unas mejoras de material para habitabilidad y, sobre todo para garantizar la seguridad", lo que llevó a una ampliación que motivó la polémica denuncia.
Cerdeña ha explicado que la vivienda que queda fuera de la sentencia ocupa unos 70 metros cuadrados: "No es suficiente, pero quizás se puede hacer un reforzamiento y esa parte podría quedar dentro de la protección agrícola y ganadera y quizás podría haber una ampliación de manera legal por razones de habitabilidad".
La intención del Cabildo y el Ayuntamiento es que Josefa Hernández, sus dos hijos y los tres nietos que tiene a su cargo puedan volver a vivir en su entorno de Betancuria.
