La fragilidad de la cimentación de la vivienda original de Josefa Hernández, conocida popularmente como la abuela de Fuerteventura, que ingresó en la cárcel de Tahíche el pasado día 21 por ampliar su casa en una zona protegida del Parque Rural de Betancuria, para acoger a sus tres nietos y dos hijos que conviven con la misma, podría suponer un serio peligro en las tareas de demolición que se deberán acometer en los próximos seis meses para dar cumplimiento a la sentencia judicial. Las vibraciones de la maquinaria que llevará a cabo las tareas de derribo podría dañar gravemente la frágil estructura y podría poner en serio peligro la única vivienda de Josefa.
Los técnicos del Cabildo de Fuerteventura deberán llevar a cabo en los próximos días un estudio sobre la situación real de la estructura del inmueble de la abuela Josefa, que construyó en 1995 mediante el sistema de autoconstrucción y sin ninguna dirección técnica. Este informe será determinante para conocer si las labores de demolición ordenadas por la Justicia podrían afectar a la parte de la vivienda original y que no se encuentra afectada por la orden judicial de derribo. Los profesionales también deben estudiar las condiciones de habitabilidad de la casa donde Josefa reside con su familia.
El presidente majorero, Marcial Morales, recordó el compromiso del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de Betancuria para ayudar a la familia de Josefa Hernández, "ante la falta de recursos y también para dar cumplimiento a la sentencia".
Morales adelantó que los técnicos de la institución insular "comienzan a trabajar a fondeo desde hoy mismo (ayer para le elector) y, en los próximos días o semanas, estará disponible el proyecto de actuación y el visto bueno de la Administración competente". También, añadió, que " de esta manera, se concluye este proceso que nunca debió haber pasado por la condena de prisión a Josefa Hernández que estuvo tres días y medio en el penal de Lanzarote, y que acaba garantizando el bienestar para la familia y el cumplimiento de la legalidad".
Morales no ha querido facilitar la fecha en la que se llevaría a cabo la demolición de la parte de la vivienda afectada por la sentencia y ha insistido en que el plazo "ahora es lo de menos, lo importante es que sea en un plazo de tiempo razonable, se hagan las cosas bien y se haga cumplimiento a la sentencia".
Por su parte, el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, apuntó, que "desde la institución que presido siempre hemos facilitado nuestra colaboración con la familia de Josefa y la seguiremos prestando. Son vecinos del municipio y nos volcaremos, como hemos hecho siempre, para garantizar el bienestar de esta y todas las familia de Betancuria".
Josefa Hernández deberá proceder a la demolición de poco más de 60 metros cuadrados que construyó de forma ilegal y por lo que la Justicia la condenó a seis meses de prisión y 700 euros de multa. Si bien ingresó en la cárcel de Tahíche donde permaneció durante 72 horas, la Audiencia Provincial estimó su recurso suspendiendo el ingreso en prisión y que le fue noticiado tres días más tarde de encontrarse presa. Sin embargo, el pasado 28 de agosto, el Consejo de Ministro le concedió el indulto junto a seis personas más, condenadas por delitos contra la salud pública, hurtos, estafas, apropiación indebida y falsedad documental.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el Real Decreto del indulto de Josefa concedido por el Gobierno la semana pasada.
