Los técnicos del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de Betancuria encargados de redactar el proyecto de demolición de las obras de ampliación de la vivienda de Josefa Hernández, conocida popularmente como 'la abuela de Fuerteventura', se han visto sorprendidos al comprobar que las coordenadas de localización que figuran en la sentencia de las obras construidas de forma ilegal y que deben ser derruidas, no coinciden con la casa de Josefa. Ante esta situación, el abogado de esta vecina de Betancuria solicitará una aclaración a la juez del Juzgado de lo Penal número 2, con sede en Puerto del Rosario para que determine con exactitud la zona que deberá sufrir los efectos de la piqueta.
No solo esta ha sido una de las sorpresas en el caso de 'la abuela de Fuerteventura'. Han transcurrido ya 23 días desde que el Gobierno de Canarias ofreciera una vivienda de manera temporal a esta familia majorera, pero todavía no se ha hecho efectiva. La casa es propiedad de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) y se encuentra ubicada en Puerto del Rosario, en el entorno de Risco Prieto, pero Josefa Hernández, sus dos hijos y tres nietos que conviven con ella, continúan residiendo en la polémica vivienda de Campo Viejo. Además, sus tres nietos Yoel, Albi y Yanira han tenido que iniciar el curso escolar en el colegio de Antigua.
Fuentes del Consistorio de Betancuria, señalaron a este periódico, que la nueva casa de Josefa "esta en marcha. Se esta gestionando la conexión del agua y la luz y los detalles imprescindible respecto a la documentación para poder facilitar la mudanza".
El caso de Josefa Hernández Góez tuvo una repercusión mediática a finales del pasado mes de agosto tras publicar LA PROVINCIA /DLP que debería afrontar una condena de seis meses de prisión acusada de un delito contra la ordenación del territorio al haber ampliado su vivienda en una zona protegida.
Josefa ingresó en la cárcel de Tahiche el pasado 24 de agosto en medio del rechazo social contra esta decisión judicial. Tres días más tarde, la Audiencia Provincial de Las Palmas revocaba la decisión de la juez del caso, María Isabel Quintero Verdugo, de no concederle la suspensión de la condena en firme. La liberación llegó justo un día antes que el Consejo de Ministro aprobara el indulto.
Las coordenadas de localización de las obras de ampliación de la casa de Josefa, según los agentes del Seprona de la Guardia Civil, corresponde a la identificación de 28R-0592142-3144910. Sin embargo, los técnicos que estudian el proyecto de demolición descubren un error en la localización. "No corresponde estos datos obtenidos a través del GPS con la vivienda afectada. Por ello, es necesario una aclaración del Juzgado, para saber que parte de la casa hay que demoler. Si la obra de 20 o las de 70 metros cuadrados. No lo define la sentencia con claridad y por ello, debemos esperar a que el Juzgado se aclare", afirman fuentes próximas al caso.
