El alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, líder del PPMajorero, condenado por un delito continuado de prevaricación a nueve años de inhabilitación especial para el cargo de regidor municipal o cualquier otro electo que implique la participación en un Ayuntamiento, asegura que no le han notificado el auto de la aclaración de la sentencia y que "queda mucha tela por cortar" en sus recursos ante la Audiencia Provincial de Las Palmas y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En declaraciones a Efe, Arroyo, aseguró que desconoce la decisión de la juez de rechazar su petición de aclaración de sentencia tras ser condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación y ha señalado que "es lamentable que, en un sistema democrático, los periodistas se enteren antes que los interesados".
La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, María Isabel Quintero Verdugo, rechazó la aclaración de sentencia que solicitó González Arroyo después de que fuera condenado a nueve años de inhabilitación para cargos municipales por la explotación de una cantera en Lomo del Pájaro, en La Oliva.
El alcalde de La Oliva apenas ha querido hacer declaraciones sobre el tema alegando que no le ha sido aún entregada ninguna notificación de los juzgados, pero sí ha mostrado su malestar por haberse enterado antes por la prensa que por los Juzgados.
La sentencia, emitida el pasado 24 de junio, también condenaba a dos exconcejales a inhabilitación para cargo y empleo público durante nueve años por prevaricación y al técnico y consejero en el Cabildo de Fuerteventura por el Partido Progresista Majorero (PPM), Jerónimo Soto, por ser cómplice responsable del delito de prevaricación a cuatro años de inhabilitación para cargo o empleo público de asesoramiento en materia urbanística.
Los concejales de Votemos en el Ayuntamiento de La Oliva, han solicitado a la secretaria accidental la adopción de medidas para apartar a Arroyo de la alcaldía tras la ratificación de la condena de inhabilitación. También se han dirigido a la Delegación del Gobierno, al considerar que la condena de Arroyo produce una incompatibilidad con el cargo que ostenta.
