La situación del alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, tras su condena de nueve años de inhabilitación, sigue despertando interés político no solo por las dudas que existe sobre su futuro al frente de la Corporación sino por las distintas interpretaciones a la sentencia. Los concejales del PSOE y Votemos en el Ayuntamiento de La Oliva han solicitado la celebración de un pleno extraordinario con el objetivo de declarar la incompatibilidad de Arroyo para el desempeño de sus funciones en la institución. El resto de grupos, Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Nueva Canarias (NC) no se han pronunciado sobre la posición que adoptarán en la sesión plenaria, aunque rechazaron firmar la iniciativa de sus compañeros de oposición.

González Arroyo fue condenado como autor de un delito continuado de prevaricación a nueve años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde o cualquier otro electo que implique una participación en un Ayuntamiento. La condena está relacionada con la cantera Lomo del Pájaro, ubicada en terrenos del regidor, y con vinculación con la empresa Prelado S.A., de la que fue fundador.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Rosa Fernández, considera que el veterano político tiene que dimitir desde el mismo instante de la celebración del pleno "por qué implica su dimisión automática".

Para la petición de convocatoria de este pleno extraordinario se necesitaban como mínimo 6 firmas, y "a pesar de poner en conocimiento de los demás grupos municipales: CC, PP y Nueva Canarias mis intenciones, tan sólo se nos ha unido Votemos y sus tres concejales, que ya han presentado algunas iniciativas para que se cumpla la Ley", señaló Fernández.

Fernández cree que "nos encontramos ante un deber individual como concejales al tener la obligación de comunicar la posible causa de incompatibilidad al Ayuntamiento, hecho que no nos consta al día de hoy que se haya producido".

Los promotores de esta iniciativa anuncian que remitirán el acuerdo a la Junta Electoral, al Juzgado que lo condenó y al Ministerio Fiscal. González Arroyo ha recurrido la sentencia y aseguró hace unos días que "queda mucha tela por cortar".