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La Oliva eleva a la Junta Electoral la inhabilitación de Arroyo como alcalde

El Ayuntamiento celebra un pleno para poner en conocimiento la condena de nueve años- El PSOE y Votemos creen que el regidor majorero debe dimitir

El alcalde Domingo González Arroyo en el momento de levantar la sesión del pleno celebrado en La Oliva, ayer. FUSELLI

Los malos modales volvieron a sacudir ayer un pleno en el Ayuntamiento de La Oliva. Una situación que se creía superada pero que regresó en forma de insultos, reproches y falta de respeto. El alcalde González Arroyo retornó al pasado con intervenciones que deben estar alejadas de cualquier institución democrática. Se dirigió en varias ocasiones a la portavoz socialista, Rosa Fernández, exalcaldesa del municipio y exsocia de gobierno de Arroyo, como "malcriada, ruin y enchufada". Ninguno de los partidos de la oposición salió en defensa de la socialista.

El pleno del Ayuntamiento de La Oliva tomó ayer conocimiento de la sentencia que condena al actual alcalde, Domingo González Arroyo, a la pena de nueve años de inhabilitación especial para cargo electo en una institución municipal por un delito continuado de prevaricación. El acuerdo será remitido a la Junta Electoral Central para que determine el futuro de Arroyo y si la condena conlleva causa de incompatibilidad para el desempeño del cargo público que ostenta al frente de la Corporación. También se elevará el asunto al Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, y al Ministerio Fiscal.

Los ediles de PSOE y Votemos consideran que Arroyo debe dimitir por la sentencia de inhabilitación, ya que la Ley Electoral establece como causa de inelegibilidad y de incompatibilidad sobrevenida, la condena por sentencia penal no firme por delitos contra la Administración Pública.

González Arroyo viene gobernando en el Consistorio norteño tras las últimas elecciones con tan solo cinco de los 21 concejales. Los 16 ediles restantes se encuentran en la oposición. La dificultad para lograr un acuerdo de gobernabilidad viene provocando un serio problema en la operatividad del Ayuntamiento y que sufren diariamente sus vecinos.

Resolución judicial

Como quiera que cinco meses después de la resolución judicial, que data del pasado 24 de junio, ni el regidor ni la secretaria de la Corporación habían comunicado la causa de incompatibilidad del alcalde al pleno, los grupos Votemos y PSOE solicitaron la celebración de un pleno extraordinario para poner en conocimiento la sentencia condenatoria. La portavoz socialista, Rosa Fernández, desveló que había invitado a Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Nueva Canarias (NC) a firmar la petición de la sesión extraordinaria y que rechazaron la misma.

El alcalde dio en dos ocasiones el turno de palabra a los grupos políticos para que se pronunciaran sobre la iniciativa, que no se sometía a votación. Sin embargo, arremetió contra la socialista Rosa Fernández. "Usted también estuvo inhabilitada por nueve meses por incumplir una sentencia. Por ello, perdió su enchufe en el Cabildo y el acta de concejala en este Ayuntamiento", indicó. Además, brindó otras perlas como "es una persona ruin y malcriada". En un acalorado debate y con Rosa Fernández solicitando la palabra por las alusiones del alcalde, Arroyo se levantó y dio por finalizada la acalorada sesión. El regidor, señaló, que "el pleno no tiene competencias para analizar la incompatibilidad. La Ley que esgrimen de 2011 no me afecta porque el procedimiento es del año 2001. De la alcaldía no me sacan ni con una fija".

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