"Esto no es cuestión de ver quién tiene más testosterona, sino de garantizar el cumplimiento de la ley", declaró el delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, poco antes de conocerse que se había consumado el desalojo de Domingo González Arroyo de la Alcaldía de La Oliva.
En ese momento anunció también que el lunes irá a Fuerteventura para reunirse con los representantes de los distintos grupos políticos municipales. Su intención era "asesorarles sobre los pasos que deben dar para que la situación se normalice". Tras el desalojo del exalcalde, su viaje adquiere un matiz diferente y su presencia marcará el cierre de la crisis de Gobierno en La Oliva y la sustitución de González Arroyo en la Alcaldía.
A pesar de la contundencia de las declaraciones del delegado, su actuación ha sido cuestionada por algunos políticos, que le reprochan su lentitud en la actuación.
La portavoz socialista en La Oliva, Rosa Fernández, considera que la decisión de la Delegación del Gobierno de reunirse el próximo lunes con los grupos políticos municipales y de reconocer a Pedro Amador como alcalde accidental "nos demuestra que se actúa con contundencia", aunque criticó el retraso en el pronunciamiento y por no haber ayudado a Amador a convocar el pleno del pasado 26 de diciembre. "Nos habríamos ahorrado todo este esperpento". Coalición Canaria (CC) se expresó en la misma línea.
Por su parte, Votemos asegura que la lucha contra la corrupción en el Ayuntamiento de La Oliva "no acaba aquí, más bien empieza. El futuro inmediato para nuestro Ayuntamiento es revisar todos los decretos, acuerdos plenarios y actuaciones que haya realizado González Arroyo para decidir cuáles son nulos".
El portavoz del Partido Popular (PP), Claudio Gutiérrez, instó a todos los partidos "a estar a la altura para formar gobierno".
