La Policía Local de La Oliva procedió ayer a desalojar a Domingo González Arroyo del despacho de la Alcaldía, donde permanecía atrincherado desde la semana pasada. Su comportamiento, que era un desafío a la Junta Electoral Central y a la Delegación del Gobierno en Canarias, remitió y no opuso resistencia.
Las dos instituciones del Estado habían promovido en las últimas semanas la ejecución de la condena a nueve años de inhabilitación que pesa sobre el exalcalde de La Oliva por un delito continuado de prevaricación. La primera había ordenado su cese como miembro de la corporación municipal, que se produjo el pasado 17 de diciembre, así como la toma de posesión de su sustituto como concejal. La segunda había dado diez días de plazo, para que se celebrara el pleno de toma de posesión del concejal de relevo y la designación del nuevo alcalde entre los miembros de la Corporación.
En un principio, González Arroyo acató la orden y su primer teniente de alcalde, Pedro Amador, se vio convertido en alcalde accidental. Sin embargo, la tranquilidad en el mando le duró poco. González Arroyo volvió al Ayuntamiento el lunes 21 de diciembre reivindicándose como alcalde ante los funcionarios. Para que no hubiera duda, acabó emitiendo un decreto proclamándose único alcalde y procedió a atrincherarse en el Ayuntamiento para impedir que se celebrara el pleno de toma de posesión del nuevo concejal y de nombramiento del nuevo alcalde.
Domingo González Arroyo obstaculizó el pleno convocado el 23 de diciembre por Amador con todos los medios a su alcance, impidiendo que se comunicara a los concejales e incluso cambiando la cerradura de la Casa Consistorial. Además, el pasado lunes, 28 de diciembre, celebró un pleno para cerrar las cuentas del año y aprobar una subvención.
La convocatoria del pleno no fue la única orden de Amador que González Arroyo frenó e hizo quebrantar a los trabajadores municipales, sino también la orden de desalojo que emitió el mismo 23 de diciembre. El mismo subinspector de la Policía Local, Francisco González, que se negó a llevar a cabo el desalojo hace una semana, obedeció ayer. El motivo de su cambio de actitud está en la advertencia lanzada por la Delegación del Gobierno en Canarias de que los funcionarios que estuvieran obstaculizando el cese de González Arroyo estaban incurriendo en un delito penal de desobediencia a la autoridad, advertencia recogida por este diario.
Tras la aclaración del delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento, sobre que González Arroyo no era alcalde de La Oliva según la Junta Electoral Central y reconocía a Pedro Amador como alcalde accidental, los nervios se apoderaron de varios funcionarios y empleados públicos que hasta ahora habían burlado la sentencia condenatoria del veterano político.
Amador reiteró nuevamente al responsable de la Policía Local el desalojo de el Marqués de la Alcaldía. En esta ocasión, Francisco González y el oficial Manuel Guerra, junto a otro agente se desplazaron hasta el Ayuntamiento y comunicaron a González Arroyo que tenía que abandonar las dependencias. El exalcalde no opuso ninguna resistencia. Ya estaba avisado que se iba a proceder a su expulsión de las dependencias municipales.
Solicitó a los agentes un receso de un cuarto de hora para recoger unas escasas pertenencias personales. Tras ese periodo de tiempo abandonó tranquilamente la Casa Consistorial y se despidió de dos de sus concejales que se encontraban a su lado. Antes, el exalcalde volvió a asegurar ante sus allegados que el Juzgado del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) debe pronunciarse sobre su situación.
González Arroyo entiende también que la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, por la que se le inhabilita durante nueve años para cargos municipales por un delito de prevaricación, "no es firme". Sin embargo, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) hace incompatible que los condenados por delitos contra la Administración Pública puedan continuar en el cargo desde la sentencia en primera instancia, aunque no sea firme.
El exalcalde con todos sus argumentos salió ayer del Ayuntamiento de La Oliva por la puerta principal. Un vehículo de alta gama, conducido por una mujer, lo recogió y partió con rumbó desconocido.
Los agentes de la Policía Local continuaron varias horas más en el interior del Ayuntamiento realizando las diligencias correspondientes. El subinspector González cuenta en el atestado policial redactado sobre la intervención cómo transcurrió el desalojo del exalcalde. Asimismo, refiere que se procedió al cambio de cerraduras de los principales departamentos, de la Alcaldía y de la puerta principal de acceso al Consistorio. Del mismo modo, cuenta que se procedió a la entrega de las llaves al alcalde accidental, Pedro Amador.
Nervios y tensión
González Arroyo llegó temprano al Ayuntamiento. Ya estaba al corriente del requerimiento de la Delegación del Gobierno que había solicitado nuevamente por segundo día consecutivo a la funcionaria Maxi Vera, que actuó en el pleno del pasado lunes como secretaria de la corporación en ausencia de la titular, copia del acta de dicha sesión plenaria convocada por González Arroyo a pesar de su inhabilitación como regidor.
El exalcalde y la responsable del Departamento de la Alcaldía, Aída González, se personaron en las dependencias de la secretaria dándole órdenes de que no remitiera acta alguna. Maxi Vera solicitó esta vez al exalcalde que la orden se la diera por escrito. El Marqués no tuvo reparo alguno en ejercer su autoridad y remitió un oficio con su firma ordenando que no se remitiera copia del acta del pleno a ningún organismo e institución externa sin su visto bueno.
Maxi Vera, que pasó un mal trago en el pleno del lunes como atestiguan las imágenes tomadas en el mismo, se desplazó desde su puesto de trabajo en La Oliva hasta Puerto del Rosario y puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno las dificultades para la redacción del acta porque le habían requisado la grabación de la sesión plenaria y aportó el escrito con la orden del alcalde inhabilitado.
Muchos de los funcionarios del Ayuntamiento de La Oliva respiraron ayer más tranquilos tras la actuación de la Delegación del Gobierno, el desalojo de González Arroyo de la Alcaldía y el reconocimiento de Pedro Amador como alcalde accidental. "La situación durante este tiempo ha sido insoportable. Tener a dos alcaldes dando órdenes, muchas veces contradictorias, y nosotros sin saber a quién obedecer, provocó un ambiente de ingobernabilidad y de máxima confusión", aseguró ayer a este periódico un funcionario que pidió que se preservara su identidad.
Tanto el Comité de Empresa como la Junta de Personal habían demandado una solución urgente a la situación que se había generado en el Ayuntamiento, situación cuyo origen está en la insistencia de la formación política Votemos. Con tres concejales en el Ayuntamiento de La Oliva, fue el primer partido que inició en solitario el pasado mes de octubre la cruzada contra González Arroyo tras conocerse la condena al exalcalde.
