Los trabajadores municipales que llevan días obstaculizando de diversas maneras el cese del alcalde inhabilitado de La Oliva, Domingo González Arroyo, están incurriendo en un delito penal de desobediencia a la autoridad y los concejales que acudieron el lunes al pleno que convocó tienen responsabilidad patrimonial sobre los acuerdos adoptados, según la advertencia realizada por la Delegación del Gobierno en Canarias, que ayer requirió al Ayuntamiento majorero el acta de la controvertida sesión plenaria.
El delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, tras las imágenes publicadas por este periódico del pleno convocado por Arroyo, requirió ayer a la secretaria habilitada, Maxi Vera Ramírez, copia del acta de la sesión y un informe por escrito sobre los funcionarios y empleados públicos que están bloqueando la información del pleno. Este requerimiento fue realizado después de que la secretaria comunicara que no podía redactar el acta porque no le facilitaban la grabación de la sesión.
La grabación del pleno convocado de manera irregular por González Arroyo, inhabilitado por la condena de prevaricación que pesa sobre él, se encuentra, según diversas fuentes, en el Departamento de la Alcaldía, a cuyo frente figura la exsecretaria particular de la anterior alcaldesa, Claudina Morales.
Con la información emanada del acta del polémico pleno, la Delegación del Gobierno pretende comprobar no solo quién lo convocó, sino el orden del día, quien presidió la sesión y qué concejales asistieron con el objeto de pedir responsabilidades por no acatar la inhabilitación del alcalde condenado.
El citado pleno fue convocado en exclusiva por Arroyo que firma en calidad de alcalde y que incluso invitó a los medios de comunicación a acudir. Asistieron al mismo, los ediles del Partido Progresista Majorero (PPM) Rafael Avendaño Montero, Guaximara González Vera y Evelín Gómez Morera; por Nueva Canarias (NC) los concejales Marcelino Umpiérrez Figueroa y Oliver González Cabrera, mientras que por Coalición Canaria (CC) asistieron, Claudina Morales Rodríguez, Genaro Saavedra Martín, Isai Blanco Marrero y Omaira Saavedra Vera. No acudieron a la sesión los ediles de Votemos, PSOE y Partido Popular (PP), así como los concejales Pedro Amador (PPM) y Gleiber Carreño (CC).
Todos ellos y el propio Gonzá-lez Arroyo responderían con sus propios bienes ante una condena por asistir a este pleno y por el daño que pudieran causar a las ar- cas municipales las decisiones adoptadas en él. Se da la circunstancia de que todos los acuerdos tomados fueron de índole eco- nómica, ya que se aprobó el cierre de la liquidación de cuentas del 2014 y la aprobación de una subvención para la empresa Suministros de Aguas de La Oliva. En total ambos apartados suman 3,2 millones de euros.
Investigación de la Fiscalía
A su vez, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha abierto diligencias contra González Arroyo por un presunto delito de prevaricación por dejar sin efecto el nombramiento del concejal llamado a sustituirle. Las diligencias responden a una denuncia presentada en relación con el pleno convocado el pasado 26 de diciembre por el alcalde accidental, Pedro Amador, para que Rafael Benítez García tomara posesión de su acta de concejal para sustituir al alcalde inhabilitado, tal y como ordenaba la Junta Electoral y la propia Delegación del Gobierno.
En este sentido, la investigación abierta requiere información sobre el papel desempeñado por el suboficial de la Policía Local de La Oliva y del notificador municipal, quienes se negaron a cumplir las ordenes de la secretaria accidental, Rosa Delia Cabrera, y del alcalde en funciones, Pedro Amador, para que notificara el pleno del pasado sábado. Esta sesión, donde también tenía que haberse elegido el nuevo alcalde, no llegó a celebrarse y los funcionarios tampoco obedecieron las órdenes desalojar a Arroyo de las dependencias municipales donde se atrincheró y cambió la cerradura.
Trabajadores desconcertados
Mientras se han ido desarrollando todos estos acontecimientos, en el Ayuntamiento reina el desconcierto. Por este motivo, la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de La Oliva han demandado a las instituciones competentes: Junta Electoral Central, Delegación del Gobierno y Juzgados, que clarifiquen la situación que sufre el Consistorio con dos alcaldes al frente del mismo.
Acusaciones del PSOE
Los socialistas, por su parte, recelan de la actuación de la Delegación del Gobierno en Canarias. Rosa Fernández, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento norteño, acusó ayer al delegado, Enrique Hernández Bento, de entorpecer la resolución de la Junta Electoral, que posibilita el cese de González Arroyo.
Argumentos de Votemos
El concejal de Votemos, Cirilo González, acusa a González Arroyo de cometer un presunto delito de usurpación de funciones, al margen de provocar una parálisis en el Ayuntamiento, inseguridad para el personal y desconfianza a los ciudadanos.
Una condena en el origen
Domingo González Arroyo fue condenado el pasado junio a nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargo público en corporaciones municipales por un delito continuado de prevaricación. Arroyo recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial y permanece en la Alcaldía. Sin embargo, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) hace incompatible que los condenados por delitos contra la Administración Pública puedan continuar en el cargo desde la sentencia en primera instancia, aunque no sea firme.
La otra sentencia contra Arroyo la ejecutó la Junta Electoral al remitir el pasado día 17 la credencial del nuevo concejal Rafael Benítez, número seis en la lista del PPM, "en sustitución de Domingo González Arroyo". A partir de este momento y como estipula la legislación vigente, el alcalde accidental es Pedro Amador Jiménez, primer teniente de alcalde de la Corporación.
Arroyo, lejos de acatar la decisión de la Junta Electoral inició una cadena de desafíos, desde el pleno celebrado el lunes hasta un decreto firmado en el que se ratifica a sí mismo como único alcalde. Su comportamiento está creando una situación de ingobernabilidad en el Consistorio con la bicefalia de dos regidores y el consiguiente daño a la imagen del municipio y a los propios funcionarios que vienen sufriendo una situación surrealista.
