Domingo González Arroyo, el alcalde inhabilitado de La Oliva, permaneció de forma ilegal en la Alcaldía durante 77 días, tras ser rechazada la aclaración de la sentencia que lo condenaba a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. La Junta Electoral Central notificó al Consistorio el pasado 17 de diciembre su cese y sustitución. Esta decisión no fue acatada por Arroyo que se atrincheró en las dependencias municipales durante nueve días hasta que el pasado día 30 fue desalojado por agentes de la Policía Local. Todos los acuerdos, resoluciones y decretos firmados por Arroyo durante este tiempo son nulos y no tienen validez.
El delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, se desplazó ayer a la Isla para mantener un encuentro con los diferentes portavoces de los grupos políticos de La Oliva con el objetivo de clarificar la situación de la institución y poner fin a la ingobernabilidad del Consistorio. Se acordó la convocatoria de un pleno extraordinario para el próximo viernes donde se deberá elegir al nuevo alcalde y proceder a la toma de posesión del concejal que sustituye a González Arroyo. El enviado del Partido Progresista Majorero (PPM) a esta reunión oficial, Rafael Avendaño, fue desalojado de la sala al considerar el delegado del Gobierno que ni estaba convocado y que el portavoz del partido de Arroyo es Pedro Amador, actual alcalde accidental.
El pasado 15 de octubre la titular del Juzgado de Penal número 2, María Isabel Quintero, ratificó la condena del exalcalde de La Oliva, González Arroyo. Desde ese mismo instante se produce la incompatibilidad del veterano político para ejercer el cargo como consecuencia de la modificación de la Ley Electoral que recoge la incompatibilidad para ejercer cargo público cuando cualquier responsable público es condenado en primera instancia en vía penal. Sin embargo, Arroyo, como era preceptivo, no informó al pleno de la Corporación de la sentencia que lo condenaba y tuvieron que ser las formaciones del PSOE y Votemos quienes solicitaran un pleno extraordinario, que se celebró el pasado 24 de noviembre, cuando el pleno de la Corporación de La Oliva toma conocimiento del fallo judicial.
Los portavoces que acudieron a la cita con Hernández Bento fueron Claudina Morales (CC), Álvaro de Astica (Votemos), Pedro Amador (PPM), Rosa Fernández (PSOE), Claudio Gutiérrez (PP) y Marcelino Figueroa (NC). También participó en la reunión la secretaria accidental, Rosa Delia Cabrera Montelongo.
Hernández Bento aclaró que el pleno que convocó González Arroyo, donde participaron los concejales de Coalición Canaria (CC), Nueva Canarias (NC) y PPM donde se aprobaron acuerdos económicos por un montante de 3,2 millones de euros "es nulo por estar presidido por un alcalde al que la Junta Electoral Central retiró los cargos públicos después de que una sentencia lo inhabilitara durante nueve años por un delito de prevaricación". Además, señaló, que, "ahora hay que salvaguardar los derechos de los ciudadanos de La Oliva".
En ese sentido, apuntó a la necesidad de analizar aquellos actos que están "viciados y hay que estudiar la posibilidad jurídica de conservar aquellos que puedan ser beneficiosos para los vecinos desde el punto de vista económico y financiero siempre que los miembros del pleno así lo decidan y se puedan conservar".
Fiscalía
El delegado del Gobierno en Canarias volvió a reiterar su intención de elevar a Fiscalía la actuación de determinados funcionarios públicos que han obstaculizado el cese de González Arroyo.
Hernández Bento realizó estas declaraciones en referencia al jefe de la Policía Local de La Oliva y del notificador municipal que se negaron a comunicar el pleno convocado por el alcalde en funciones Pedro Amador. También, se han localizado a otros funcionarios que han puesto impedimentos para la transcripción del acta del pleno ilegal convocado por González Arroyo y que fue requerido por la Delegación del Gobierno. "La actitud de los funcionarios que a lo largo de estas semanas han estado obstaculizando la celebración de un pleno para nombrar nuevo alcalde u oponiéndose a remitir el acta del último pleno es constitutiva de algún tipo de infracción e ilícito en el ámbito penal". También, añadió, que "tengo constancia de ello y en cuanto me sea comunicado formalmente esos comportamientos serán trasladados a la Fiscalía por no reconocer la autoridad del alcalde en funciones, Pedro Amador".
Respecto a los concejales que acudieron al pleno convocado por el alcalde inhabilitado el pasado 30 de diciembre "serán los servicios jurídicos del Ayuntamiento y del Cabildo de Fuerteventura, que tiene capacidad para auxiliar en el ámbito jurídico a las corporaciones locales, los que tendrán que decidir esas cuestiones".
El portavoz de Votemos en el Ayuntamiento de La Oliva, Álvaro de Astica, anunció que pedirán responsabilidades penales a los políticos y funcionarios que durante estos meses "no han querido que se cumpla la ley en el municipio". También, añadió, que "si estas actuaciones han repercutido en un daño al erario público y se traduce en perjuicio a los vecinos " exigiremos que los responsables "paguen con su patrimonio".
