La exalcaldesa de La Oliva, Claudina Morales, y actual concejal en la oposición deberá afrontar una nueva cita con la Justicia para declarar respecto a la concesión de la licencia de obras del hotel de Majanicho. La nacionalista tiene pendientes otras causas con la Justicia donde se encuentra imputada por los casos Baku y las oposiciones de los bomberos.
Junto a Morales también son investigados, antes imputados, todos los miembros de la Comisión de Gobierno de la legislatura 2011-2015. Marcelino Umpiérrez (Nueva Canarias) y actual concejal en la oposición; Miguel Van Daele (CC), Francisco Javier Hernández (PP), Genaro Saavedra (CC), María Ángeles Figueroa (PP) y Iballa Martínez (CC) que decidieron con su voto favorable otorgar la licencia de obras de rehabilitación y mantenimiento, del hotel de Majanicho el 21 de junio de 2012, así como el cambio de uso de residencial a turístico.
Los citados políticos deberán comparecer ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario el próximo 13 de mayo.
El titular del citado Juzgado emitió un exhorto al Juzgado de Paz de La Oliva citando a los mencionados políticos, algunos fuera de la escena política a excepción de la propia Claudina Morales, que también fue candidata de CC al Senado en las pasadas elecciones generales del 20D, Marcelino Umpiérrez y Genaro Saavedra que continúan como ediles del Ayuntamiento de La Oliva en la oposición.
El origen de la denuncia se remonta a una iniciativa del grupo ecologista Agonane ante la Fiscalía. Tras su remisión al Juzgado majorero, su titular ha ordenado la apertura de diligencias previas para determinar si existieron irregularidades en la actuación de los investigados.
El Plan parcial SAU-12 Casas de Majanicho ha estado rodeado de polémica desde su aprobación por el exalcalde de La Oliva, González Arroyo, en el año 2000, a pesar de los informes desfavorables por no cumplir con las normas urbanísticas y transgredir la moratoria turística impuesta por el Gobierno de Canarias.
La denuncia de Agonane determinó que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declarara nulo el plan parcial, sentencia que fue refrendada posteriormente por el Supremo. A pesar de ello, y con Claudina Morales de alcaldesa, el Ayuntamiento y el Cabildo firmaron un convenio urbanístico con la propiedad que mantenía más de 700 camas.
