La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Transportes

Puerto del Rosario debe abonar 78.000 euros a un taxista por dañar su licencia

El Ayuntamiento capitalino admitió una solicitud de permiso de autotaxis fuera de plazo

Un grupo de taxis estacionados en la parada de la calle Secundino Alonso, en pleno corazón de Puerto del Rosario. FUSELLI

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario deberá indemnizar a un taxista con un importe de 78.503,21 euros tras haber sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) como consecuencia de la adjudicación definitiva de diez autolicencias de autotaxis en las que admitió una solicitud fuera de plazo. El profesional del volante recurrió la decisión municipal y demandó al Consistorio capitalino por los daños causados al verse privado inicialmente de la obtención de una de las licencias para su vehículo de servicio público.

El origen de este conflicto judicial se localiza en mayo de 2008, cuando el Ayuntamiento portuense, siendo alcalde Marcial Morales, aprueba la adjudicación definitiva de diez licencias para taxis. Dicho acuerdo es recurrido por uno de los solicitantes no adjudicatarios, Domingo Padilla Afonso, quien interpone el correspondiente contencioso al considerar que ha sido dañado por una administración pública. El taxista afectado fue defendido por el abogado majorero José de León, quien finalmente logró beneficiar los intereses de su defendido.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de las Palmas y posteriormente la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), declara la nulidad de la resolución administrativa que concedió las licencia de autotaxis y acordó la retroacción del mencionado procedimiento de adjudicación al trámite de admisión de solicitudes, debiendo de excluirse de dicho procedimiento la solicitud presentada fuera de plazo, continuando el procedimiento a fin de que el mismo fuera resuelto con estricta sujeción a las bases de la convocatoria.

La sentencia, señala que el Consistorio capitalino vulneró la legislación vigente al no actuar conforme al derecho al admitir una solicitud fuera de plazo y al no seguir lo establecido en la convocatoria a la hora de determinar la antigüedad de los aspirantes.

El Ayuntamiento portuense, en cumplimiento de dicha sentencia, acordó posteriormente aprobar la adjudicación definitiva de la diez licencias de taxis, siendo adjudicatario el taxista denunciante, al que ahora la Justicia reconoce el derecho a ser indemnizado por el Ayuntamiento. Padilla procedió a interponer frente al Consistorio demanda de responsabilidad patrimonial por el incorrecto funcionamiento de un servicio publico, ya que si la Administración hubiera actuado correctamente en el año 2008, le hubiese correspondido una licencia de taxis, de la que se vio privado en aquel momento.

Compartir el artículo

stats