El Ayuntamiento de Antigua quiere poner freno al descontrol del ganado suelto en terrenos del municipio que vienen provocando históricamente daños a fincas y cultivos. Ante las numerosas quejas de vecinos y agricultores, la Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca redacta la publicación de un Bando normativo ante los problemas generados por el ganado suelto y sin control de sus propietarios. El Consistorio anuncia sanciones que alcanzan los 15.000 euros.

El concejal del sector primario, Matías Peña, afirma que "una cosa es defender la importancia del ganado del mancomún y otra es permitir que algunos propietarios aprovechen esta circunstancia para mantener su ganado suelto y sin control con el consecuente peligro que supone y los daños que causan a cultivos, trastones y paredes de gavias, especialmente, en la zona de Triquivijate".

En opinión de Peña "con el fin de evitar esta circunstancia, desde el Ayuntamiento publicaremos esta semana un bando en el que se recuerda, la Ordenanza y sanciones estipuladas para aquellos ganaderos que permiten el libre tránsito de ganado sin ningún tipo de control". Asimismo, en la Ordenanza Municipal donde se regula la tenencia y protección de animales, así como la reses mostrencas y el Registro de marcas ganaderas, aprobada y publicada en junio de 2012.

"Entre las obligaciones destaca que el propietario o poseedor de un animal doméstico o de compañía tendrá que adoptar las medidas necesarias para que el animal no pueda acceder libremente a las vías y espacios públicos o privados, así como impedir su libre acceso a personas o animales, en caso contrario deberá responder ante los daños causados", anunció, Matías Peña. Además, recuerda, que "está prohibida la presencia de reses mostrencas en las vías públicas o en sus zonas próximas, ni tampoco se permitirá su presencia en zonas ajardinadas, plantaciones, cultivos o zonas similares que sean de propiedad privada".

El ganado suelto que pastorea sin ningún control es uno de los graves problemas que afecta al territorio majorero. A pesar que los ayuntamientos tienen ordenanzas municipales para frenar esta actividad, los políticos continúan sin aplicarlas.