La sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha vuelto a dar la razón a los vecinos de La Pared (Pájara). El Ayuntamiento había recurrido una sentencia de octubre de 2014 que también le había sido desfavorable y que resolvía un pleito puesto por los vecinos de esta urbanización cuando el Ayuntamiento se había negado a dotar de los servicios mínimos a estas viviendas, como el alumbrado público, el abastecimiento de agua potable, la limpieza viaria, el alcantarillado o la pavimentación de algunas calles, de los que ahora se tendrá que hacer cargo. Los vecinos piden desde hace años al Consistorio que se haga cargo de la urbanización, que no esta recepcionada oficialmente, pero consideran que sí lo ha hecho de forma tácita.
El Ayuntamiento, por su parte, consideraba que la urbanización sigue siendo privada y que, al no estar recepcionada, no se podía hacer cargo de las obras para dotar de esos servicios. El alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, en declaraciones a LA PROVINCIA/DLP, había asegurado que la situación es responsabilidad de los vecinos y que son ellos los que tienen que gestionar la urbanización hasta que se recepcione.
El pasado mes de marzo, los vecinos que pertenecen a la asociación Viejo Rey, interpusieron una querella penal contra Perdomo, la sociedad promotora de las casas, la Junta de compensación y el Consorcio de aguas, por la situación en que se encuentra esa urbanización, que carece de una depuradora de aguas adecuada y que sufre de vertidos continuos de aguas fecales. Señalaban en esa querella que el Ayuntamiento ha permitido todas las irregularidades cometidas por los promotores desde hace 15 años, manteniendo dos Juntas de compensación, de las que forma parte el propio Ayuntamiento, que son ilegales porque incluso está anulado todo el Plan General.Ahora el TSJC dice que el Ayuntamiento de Pájara no puede ampararse, para no hacerse cargo de los servicios, en que el proyecto aprobado por las Juntas de compensación aún no se ha ejecutado en su totalidad. El Tribunal asegura que la aportación de los servicios mínimos y básicos corresponde realizarla al municipio porque "donde exista necesidad de servicios, el Ayuntamiento es el que debe intervenir", y da la razón a la asociación vecinal, defendida por la letrada Margarita Carmona, en el sentido de que la recepción de la urbanización sí se ha hecho de forma tácita.
Según el fallo, queda acreditado que Pájara ha actuado como si la urbanización hubiera estado recepcionada ya que gira a los vecinos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), otorga licencias de primera ocupación y de edificación y cobra el Impuesto de actividades económicas. Acaba señalando la sentencia que, si no se trata de una recepción tácita por parte municipal, "es una actitud diametralmente contraria al cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas de control y fiscalización del estado de las urbanizaciones".
Por otra parte, desde la asociación de vecinos consideran que esta sentencia desmiente las afirmaciones del alcalde y "condena al Ayuntamiento a prestar servicios a quien paga religiosamente los impuestos". Aseguran que ahora es "inútil invocar tardíamente la cooperación de los vecinos de La Pared, que fue ampliamente ofrecida al Ayuntamiento por escrito durante años y rechazada para dar cobertura a una Junta de Compensación declarada ilegal por numerosas sentencias de los Juzgados de Puerto del Rosario".
