Nueve años después de que el partido Alternativa Democrática de Fuerteventura (ADF) presentara una denuncia por irregularidades en el Ayuntamiento de La Oliva respecto a la aprobación del pliego de condiciones para el concurso de explotación del centro de ocio Baku, en Corralejo, el fiscal solicita tres años de cárcel y 18 años de inhabilitación para cargo público para todos los concejales que formaban parte del Consistorio norteño en la legislatura 1999-2003, siendo entonces alcalde Domingo González Arroyo. El representante del Ministerio Fiscal, José Antonio Blanco Alonso, los acusa de sendos delitos de prevaricación y de fraudes y exacciones ilegales e interesa la apertura de juicio oral.
El fiscal también demanda imponer a los acusados una indemnización conjunta y solidariamente de 552.227 euros, cifra que el Ayuntamiento dejó se percibir como consecuencia del acuerdo municipal de exonerar a la empresa adjudicataria del concurso de las tasas por licencias municipales (373.802 euros) y por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras ( 178.425 euros).
El origen de este nuevo caso judicial del Ayuntamiento de La Oliva se remonta al 5 de noviembre de 2002 cuando la Comisión de Gobierno aprobó el pliego administrativo del polémico concurso para el centro de ocio, mientras que el 12 de noviembre del mismo año, el pleno de la Corporación en sesión extraordinaria también adoptó el mismo acuerdo. Posteriormente, la Mesa de Contratación propone al pleno la adjudicación del concurso a la empresa Joca Ingeniería y Construcciones S. A. que aprueba por unanimidad dicha propuesta.
Asimismo, en abril de 2003 todos los miembros de la Corporación aprueban, por acuerdo plenario por unanimidad, el proyecto básico de las obras del parque Baku a desarrollar dentro de una parcela de propiedad municipal.
El precio del contrato entre el Consistorio de La Oliva y la empresa Joca ascendía a 17.442.704,06 euros. El plazo de concesión para la explotación de las instalaciones se fijó en 47 años y diez meses, mientras que la empresa adjudicataria debía abonar en concepto de canon de explotación 36.000 euros anuales, que nunca llegó a ingresar en las arcas municipales.
El Fiscal considera que dicha adjudicación se realizó sin la elaboración de los preceptivos y previos informes jurídicos, así como que la zona donde se levantó el centro de ocio no era permitida por el planeamiento municipal ya que estaba categorizado y clasificado como zona verde y de equipamiento institucional.
Políticos y funcionarios
Por estos presuntos delitos son acusados los entonces concejales del Partido Popular (PP) Domingo González Arroyo (alcalde), Marcelino Umpiérrez, Alejandro Hernández, Antonio Darias, Tomas Pérez, Cristóbal Calero, José Juan Aguiar; los ediles del PSOE Felipe Miranda, Olivia Estévez y Maximino Méndez y los miembros de Coalición Canaria (CC), Raimundo Domínguez y Marcial Hernández. También acusa a los funcionarios Francisco Cabrera y Rita Darias, así como al técnico Jerónimo Soto.
El Fiscal pide para los ediles y los funcionarios, al margen de los años de prisión y la inhabilitación de 18 años, nueve por cada uno de los delitos, para el técnico Soto requiere la pena de nueve años para desempeñar la función de arquitecto técnico y lo exime del pago de cantidad alguna por responsabilidad civil.
Además, el representante del Ministerio Fiscal pide el sobreseimiento provisional de las exalcaldesas Claudina Morales (CC) y Rosa Fernández (PSOE), así como de los concejales Guillermo Morera, Miguel Ángel Vera y Felipe Figueroa, al considerar que no queda acreditado que los mismos hubiesen aprobado definitivamente el proyecto de ejecución del proyecto del centro de ocio Baku.
De todos los concejales acusados por este caso, solo Marcelo Umpiérrez se encuentra en activo. Es el actual portavoz de Nueva Canarias (NC), el partido de Román Rodríguez. El resto han abandonado la vida política bien por decisión propia o del partido. Sin embargo, González Arroyo y Jerónimo Soto han tenido que abandonar sus cargos de alcalde y consejero insular, respectivamente, por estar inhabilitados por la Justicia.
