La acusación particular del llamado 'caso Baku', donde la Justicia investiga desde hace nueve años presuntas irregularidades urbanísticas y tributarias en el Parque de Ocio y Cultura en Corralero, dirigida por el letrado Juan David García, solicitará en sus conclusiones provisionales la inhabilitación para cargo público y cárcel para la exalcaldesa de La Oliva, Claudina Morales, y todos los miembros de la Comisión de Gobierno que aprobaron el proyecto de ejecución, el inicio de las obras y autorizaron licencias de apertura del polémico centro de esparcimiento a pesar de los informes técnicos y jurídicos negativos.
El origen de este caso, donde la Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral, se remonta al 5 de noviembre de 2002 cuando la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva, a cuyo frente se encontraba Domingo González Arroyo, aprobó el pliego administrativo del concurso público, mientras que en posteriores actos la Corporación no solo aprueba en sesión extraordinaria tanto el citado pliego como la propuesta de la Mesa de Contratación de adjudicar el concurso a la empresa Joca.
Por este motivo, se encuentran acusados todos los concejales del Ayuntamiento norteño en la legislatura 1999-2003 y tres técnicos municipales de los delitos de prevaricación y de fraudes y exacciones ilegales. Además, la Fiscalía demanda en su escrito de conclusiones provisionales una indemnización conjunta y solidariamente de 552.227 euros, cifra que dejó de percibir el Ayuntamiento como consecuencia de la decisión municipal de exonerar a la empresa adjudicataria.
Porteriormente, la Comisión de Gobierno formada por Claudina Morales (CC), Felipe Figueroa (PSOE), Miguel Ángel Vera (CC), Rosa Fernandez (PSOE) y Guillermo Morera (CC) acordaron en noviembre de 2003 la aprobación definitiva del proyecto de ejecución, así como el inicio de las obras del Centro de Ocio Baku. Sin embargo, el fiscal pide el sobreseimiento provisional de estos concejales.
El citado centro se construyó en una zona destinada a zona verde y equipamiento institucional¡ vulnerando la normativa urbanistica.
