La Audiencia Provincial de Las Palmas celebra hoy la primera jornada del juicio oral contra el jefe de la Policía Local de Pájara, E. H. H. y el ciudadano marroquí A. C. S. que fueron detenidos hace cinco años en el marco de la Operación Maxorata por su presunta vinculación con una hipotética trama para facilitar la entrada ilegal de inmigrantes en España y al cobro por el trámite de regularización en el país.
El fiscal ha solicitado en su escrito de conclusiones provisionales diez años de cárcel para el cargo policial, cinco por un delito continuado de cohecho e idéntica cantidad por el delito de falsedad en documento oficial. Asimismo, pide penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, multa de 6.900 euros e inhabilitación para empleo o cargo público por 16 años y abono de las costas.
Por su parte, para el marroquí acusado de un presunto delito de estafa, cohecho y falsedad en documento oficial, demanda diez años y seis meses de prisión, así como multa e inhabilitación.
El origen de los hechos se remontan a la Operación Araña donde un Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria investiga a una empresa fantasma dedicada a favorecer la inmigración clandestina y regularizar la situación de los inmigrantes. Las investigaciones concluyeron con diez personas imputadas, así como el descubrimiento de la ramificación que tenía la trama con Fuerteventura.
La mencionada empresa, mantiene contactos con varias personas en la isla majorera, no solo empresarios sino con ciudadanos que eran los encargados de contactar con los inmigrantes, especialmente, de origen marroquí, para ofrecerles los documentos necesarios para conseguir regularizar su situación a cambio de dinero.
Ante ello, la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) abre una investigación en la isla majorera y detecta que se falsificaban certificados de residencia para facilitar la autorización para residir en territorio español.
A finales de marzo de 2011, los agentes del CNP proceden a la detención del jefe de la Policía Local de Pájara, un empresario, dos ciudadanos marroquíes e incluso al secretario del Ayuntamiento de Pájara, que posteriormente serían puestos en libertad sin fianza, aunque algunos de ellos debían comparecer en los Juzgados cada quince días.
Según el representante del Ministerio Fiscal, en 2007 el ciudadano marroquí A.C.S. se puso en contacto con varios compatriotas para ofrecerles los papeles necesarios para que pudieran residir en España a cambio de cantidades que oscilaban entre 2.300 y 3.000 euros. "Para consumar su engaño, el acusado A.C.S. convino con el inspector de la Policía Local de Pájara, la elaboración de un certificado de residencia con datos distintos a los reales, que fue elaborado por el jefe policial a sabienda de su falsedad con ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento", apunta el fiscal en su relato.
Sin embargo, el representante del Ministerio Fiscal reconoce en su escrito de conclusiones provisionales que se desconoce las cantidades que pudo percibir el inspector de la Policía Local "por realizar estos tres informes falsos en el ejercicio de sus funciones".
El inspector jefe de la Policía de Pájara, E.H.H. siempre negó los hechos que se le imputan desde el mismo día de su detención.
