El jefe de la Policía Local de Pájara, Esteban Hernández, negó ayer que cobrara dinero a cambio de falsear certificados para legalizar la residencia de ciudadanos marroquíes en Fuerteventura. "No he hecho favores para agilizar esos trámites", declaró el acusado durante la primera sesión del juicio que se celebra en la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas.
Hoy está previsto que el proceso quede visto para sentencia con los informes finales. La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, solicita cinco años de cárcel por cohecho continuado y cinco años de prisión por falsedad en documento oficial, delitos que Hernández ha rechazado ante el tribunal. Su abogado, José Gerardo Ruiz Pasquau, pide la absolución y, como cuestión previa, la nulidad de la entrada y registro al haberse realizado en ausencia de su defendido.
El mando policial admitió que entre 2007 y 2008 se detectaron certificados falsos para justificar la permanencia en la Isla de algunos inmigrantes, pero explicó que esos "errores" se han corregido, pues ahora los agentes preguntan a los vecinos y hacen comprobaciones para verificar la situación real de los extranjeros. Esos informes, que sirven para emitir el certificado de residencia, vienen firmados por el mismo policía responsable de las pesquisas, extremo que antes no ocurría. En 2007 tampoco tenían acceso al padrón municipal.
Hernández no sólo se desvinculó de la tramitación directa de los expedientes, sino de los indicios que lo relacionan con quien supuestamente le pagaba por los certificados de residencia, Ahmed C. S. "No he hecho nada malo, solo favores a mis compatriotas", declaró este acusado, que se enfrenta a diez años y medio de cárcel. Asegura que lleva casi tres décadas en Pájara, que su familia vive de la nómina de su mujer (1.400 euros) y que "jamás" ha cobrado por "ayudar" a sus paisanos a regularizar su situación, que a lo sumo aceptaba un "bocadillo" en una cafetería o 20 euros de gasolina para el coche.
Asimismo, negó que se reuniera con el mando policial para agilizar los certificados, sino que lo invitó a una comida tradicional en su casa para ayudar a una hija, al parecer con un trastorno alimenticio grave, y que ambos coincidieron de manera "casual" en un viaje en barco a Marruecos, donde Ahmed C. S. puso en contacto a un amigo de Hernández con una cooperativa para importar frutas y verduras.
También se vieron en una gasolinera, lo que llamó la atención de la Fiscalía. El jefe de la Policía replicó que fue a petición de Ahmed C. S. porque no le notificaban las peticiones residencia con resultado desfavorable. En ese encuentro asegura que rechazó un sobre del que desconocía su contenido y que emplazó a su interlocutor a presentarlo en el Ayuntamiento.
Testigos
En cambio, los testigos R. D. y A. C. sostienen que Ahmed C. S. les ofreció arreglar sus papeles a cambio de dinero. El primero afirma que le pagó entre 2.000 y 2.500 euros y que nunca llegó a ver "a su amigo el policía", mientras que el segundo le dio 2.300 euros, según las declaraciones recogidas por Efe. Este testigo llegó a la Isla en 2006, pero en el certificado de residencia constaba 2004.
La Policía Nacional se incautó de numerosa documentación relacionada con los hechos cuando se detuvo a Ahmed C. S. en 2008, según el instructor de caso, y de los datos obtenidos de su teléfono móvil y de una tarjeta se comprobó su relación con Hernández y las supuestas víctimas de las estafas. El agente reveló que intentó regularizar la situación de un cuñado suyo que ni siquiera residía en el país.
La causa es consecuencia de la operación Maxorata, ejecutada en 2008, como continuación de una anterior, Araña, donde se desarticuló una trama de contratos de trabajo ficticios a inmigrantes y de documentación para regularizarlos.
