La exalcaldesa de La Oliva, Claudina Morales, y actual concejal de Coalición Canaria (CC) en la oposición, defendió ayer ante el juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, Jorge Bodes Fernández, su actuación en la concesión de licencias de obras a un hotel en Majanicho. La edil nacionalista acudió a la sede judicial junto a varios concejales que formaban parte de la Comisión de Gobierno en la legislatura 2011-2015, para declarar en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación en relación con las autorizaciones urbanísticas al citado complejo turístico y por el cambio de uso de residencial a turístico. El fiscal no hizo acto de presencia en el acto de comparecencia.
Los hechos se remontan a junio de 2012 cuando los miembros de la Comisión de Gobierno Claudina Morales (CC), Marcelino Umpiérrez (NC), Miguel Van Daele (CC), Francisco Javier Hernández (PP), Genaro Saavedra (PP), María de los Ángeles Figueroa (PP) e Iballa Martínez (CC) decidieron con n su voto favorable otorgar las citadas autorizaciones al hotel de Majanicho. Sin embargo, el entonces concejal de Urbanismo, Alexis Curbelo, no asistió a la convocatoria del citado órgano municipal. De los investigados sólo continúan en la vida política, Claudina Morales, Marcelino Umpiérrez y Génaro Saavedra.
El grupo ecologista Agonane denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la actuación de los miembros de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva. Tras su remisión al Juzgado majorero, su titular ordenó la apertura de diligencias previas para determinar si existieron irregularidades en la actuación de los investigados.
Claudina Morales defendió su actuación y la de sus compañeros. "Una sentencia judicial obligó al Ayuntamiento a dar las licencias de primera ocupación, la célula de habitabilidad y a recepcionar las obras. Nosotros las denegamos inicialmente pero la Justicia nos obligó a concederlas", señaló tras su salida de los Juzgados majoreros. Además, añadió, que " Por esta decisión me denunció la empresa promotora, denuncia que fue desestimada por el juez".
En opinión de la concejal nacionalista "luego salió una sentencia que anula el Plan Parcial, pero cuando se dieron las licencias estaba vigente. En cuanto al cambio de uso de residencial a turístico tiene informes favorables del Gobierno de Canarias, Cabildo de Fuerteventura y técnicos municipales".
Tribunal Supremo
El Plan Parcial SAU-12 Casas de Majanicho ha estado en el punto de vista de los ecologistas desde su aprobación por el exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, en el año 2000, a pesar de los informes desfavorables por no cumplir con las normas urbanísticas y transgredir la moratoria turística en vigor por el Gobierno de Canarias. La denuncia de Agonane determinó que el TSJC declarara nulo el plan parcial, sentencia que sería refrendada posteriormente por el Tribunal Supremo en 2011. A pesar de l fallo del Alto Tribunal, el Ayuntamiento de La Oliva, con Claudina Morales de alcaldesa, el Cabildo de Fuerteventura, con Mario Cabrera en la presidencia, firmaron un convenio urbanístico con la propiedad con el objetivo de evitar millonarias indemnizaciones. Sin embargo, los propietarios mantienen 748 camas turísticas.
El complejo se asienta sobre una zona de alto valor paisajistico y ecológico y está siendo explotado desde mayo de 2014 por el turoperador francés Pierre&Vacances quien oferta sus 323 villas a turistas galos, logrando consolidar en la isla de Fuerteventura el turismo de aquel país.
