La empresa Canaragua viene reclamando al Ayuntamiento de La Oliva y a la empresa Suministro de Agua de La Oliva una deuda de 9.581.546,96 euros sin que hasta la fecha haya sido abonada. Dicha deuda ha sido generada como consecuencia de la liquidación del contrato de gestión de servicios públicos del saneamiento municipal en virtud de una sentencia que declaró en el año 2012 la nulidad del contrato.
A pesar que el actual alcalde, Pedro Amador, intentó recientemente en el transcurso de una sesión plenaria contabilizar la citada deuda tanto en las cuentas municipales como en la empresa mixta de aguas, los concejales del Partido Progresista Majorero (PPM), liderado por el veterano político González Arroyo, Coalición Canaria (CC), a cuyo frente se encuentra la exalcaldesa Claudina Morales, y Nueva Canarias, con Marcelino Umpiérrez a la cabeza, impidieron con su voto registrar dicha deuda, requisito necesario para poder garantizar el pago.
El Ayuntamiento majorero, cuyo grupo de gobierno se encuentra en minoría, no ha podido hacer frente a esta deuda a pesar del interés demostrado por el alcalde Pedro Amador y su reducido equipo de gobierno. "Hemos intentado contabilizar dicha deuda para poder afrontarla legalmente. Dicha deuda fue generada en 2014 por la entonces alcaldesa Claudina Morales, quien curiosamente se opone a reconocerla ahora", señaló el regidor municipal.
El acuerdo plenario mediante el que se acordó la liquidación del citado contrato, celebrado en mayo de 2014 bajo la presidencia de la exalcaldesa Claudina Morales, no reconoció la obligación del pago ni contabilizó la deuda en las cuentas municipales.
Esta decisión de la oposición municipal en La Oliva ha conducio al Consistorio majorero a incumplir con las instrucciones de la Intervención general de la Administración del Estado y de la Audiencia de Cuentas de Canarias, para que se contabilice la deuda y se regularice la situación. Al no afrontarse los pagos en las fechas pactadas, la deuda municipal se incrementa debido a la aplicación de los intereses de demora.
"Ante esta situación y otras que se han generado posteriormente como consecuencia de la negativa de CC, PPM y Grupo Mixto a contabilizar esa deuda he denunciado este hecho a la Audiencia de Cuentas", señaló ayer el alcalde majorero, Pedro Amador.
Canaragua ha ofrecido al Consistorio la posibilidad de cancelar la deuda en dos pagos y renunciar al cobro de los intereses.
