La juez titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife con sede en Puerto del Rosario, Alicia Buendía Fleitas, ordenó ayer a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) la demolición de la vivienda de Josefa Hernández Góez, conocida popularmente como la abuela de Fuerteventura, cuyo caso saltó a la opinión pública tras haber ingresado en prisión por haber ampliado su casa de forma ilegal en la zona de Campo Viejo, dentro del Parque Natural de Betancuria.
La magistrada dictó una providencia el pasado 1 de septiembre, aunque fue notificada, ayer, donde adopta esta resolución a los seis meses de haber comunicado Josefa Hernández al Juzgado que no disponía de medios económicos para afrontar la demolición de su vivienda. Por ello, remitió un oficio a la APMUN para que procediera al derribo de la parte del inmueble que fue edificado al margen de la legislación.
La juez también incorporó en su escrito las coordenadas de localización de la parte de la vivienda a derribar con el objetivo de que no existan errores a la hora del trabajo de las máquinas.
El plazo concedido inicialmente por el Juzgado a la abuela de Fuerteventura para demoler su casa expiró el pasado 28 de febrero. A pesar que los técnicos del Cabildo de Fuerteventura redactaron el proyecto de derribo de la parte afectada, la vecina de Betancuria no puedo ejecutar el mismo por falta de medios económicos.
El origen de esta caso, que tuvo una enorme repercusión mediática a todos los niveles, tuvo su origen en 2007 cuando agentes del Seprona de la Guardia Civil denunciaron la realización de unas obras de ampliación de la casa familiar de Josefa en una zona protegida. Las obras denunciadas consistían en dos construcciones: la primera de 20 metros cuadrados, mientras que la segunda tenía una superficie de 70 metros cuadrados. La abuela Fefa llevó a cabo estas construcciones para poder acoger a tres nietos y a dos hijos, una de ellas con una capacidad cerca del 40 por ciento, para que convivieran bajo su mismo techo.
El juicio contra Josefa por un delito contra la ordenación del territorio se celebró el 30 de marzo de 2012. La juez la condena a seis meses de cárcel, multa de 700 euros y a proceder a la demolición de la vivienda edificada ilegalmente y a la reposición de la realidad física alterada.
La llamada abuela de Fuerteventura ingresó en la cárcel de Tahiche el 24 de agosto de 2015 en medio del rechazo social y de las muestras de solidaridad. Tres días después de estar entre rejas, la Audiencia Provincial de Las Palmas revocó la decisión de la juez. La salida de la prisión de Josefa se produjo justo un día antes de que el Consejo de Ministro aprobara su indulto.
Josefa, sus tres nietos y dos hijos, viven desde hace un año en la capital en una vivienda facilitada por el Gobierno de Canarias.
