El abogado Eligio Hernández anunció ayer, tras conocer la decisión del pleno del Cabildo de Fuerteventura de rechazar la indemnización a Agueda Montelongo para el pago de los honorarios de su defensa en el caso Patronato, que presentará un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario y una querella por prevaricación contra todos los consejeros insulares que votaron en contra.
El pleno de la Corporación insular rechazó por mayoría el pasado lunes la solicitud de la portavoz del Partido Popular (PP), Agueda Montelongo, de una inmdenización para afrontar el pago de 15.640 euros de su defensa jurídica que fue realizada por el letrado Eligio Hernández. Los consejeros de Coalición Canaria (CC), PSOE y Podemos votaron en contra de conceder dicha cantidad, mientras que los tres consejeros del Grupo Mixto se abstuvieron y el del PP votaría a favor.
El Grupo de Gobierno justificó el rechazo al considerar que no se podía descartar que la intervención de Montelongo en el citado caso judicial "pueda haber sido llevada a cabo con abuso, exceso, desviación de poder o en convergencia con intereses particulares del grupo político, por lo que no se cumplen los requisitos exigidos al efecto por el Tribunal Supremo".
A pesar de la existencia de un informe de los Servicios Jurídicos de la Corporación estimando la solicitud de Montelongo, así como el acuerdo favorable de la Comisión de Economía y Hacienda, que contó con los votos favorables de los consejeros de CC y PSOE, y la abstención del Grupo Mixto y Podemos, e incluso de la propuesta de resolución firmada por el presidente insular, Marcial Morales, los miembros del Grupo de Gobierno, conformado por nacionalistas y socialistas, rechazaron con el apoyo de Podemos, la petición de la consejera popular.
En opinión del letrado Eligio Hernández " es la primera vez en la historia judicial de España que el pleno de una Corporación Local revoca una sentencia firme de los Tribunales, condenando a Agueda después de haber sido absuelta por sentencia firme. El acuerdo plenario adoptado en contra de los informes legales favorables es una prevaricación".
Además, el abogado herreño, anuncia que "en aras del saneamiento democrático, y por razones éticas y jurídicas irrenunciables, interpondré un recurso contencioso-administrativo contra dicho acuerdo plenario, además de una querella por prevaricación contra todos los consejeros que votaron en contra".
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) absolvió a Águeda Montelongo de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, en el conocido caso Patronato, por la que la Fiscalía le pedía cinco años y ocho meses de prisión. También eximió de culpa a los otros dos acusados, José Luis Cabrera, exgerente del Patronato de Turismo, y al exadministrativo de este organismo, Santiago Santana.
Montelongo, amparada por la Ley de Bases de Régimen Local y del Reglamento de Organización y, Funcionamiento las Corporaciones Locales, solicitó dicha ayuda económica que ampara a los miembros de las Corporaciones en la función de sus cargos.
