El exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo y cinco de los concejales que formaron parte de su equipo de gobierno en 1999 deberán sentarse en el banquillo de los acusados para responder por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, Marta Grande Lorenzo, ha ordenado la celebración del juicio los días 30 y 31 del próximo mes de enero.
Después de más doce años deambulando este caso por los Juzgados tras ser admitida a trámite la querella criminal, llega ahora la vista oral. Junto a González Arroyo, que se encuentra actualmente inhabilitado para los cargos de concejal y consejero, le acompañaran en el banquillo los entonces concejales del Partido Popular (PP), José Juan Aguiar, Alejandro Hernández, Cristóbal Calero y Andrés Pérez, todos ellos alejados de la vida política. También deberá comparecer en el juicio Marcelino Umpiérrez, actual concejal de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de La Oliva.
Mientras el representante del Ministerio Fiscal los causa de un delito de prevaricación y pide para cada uno de los acusados seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, la acusación particular ejercida por la Asociación de Vecinos Las Clavellinas demanda 15 años de inhabilitación por el delito de prevaricación, seis años de cárcel por el delito de malversación y tres años de prisión para González Arroyo por el delito de apropiación indebida.El llamado 'caso Las Clavellinas' tiene su origen cuando el ciudadano belga Guy Van Daele donó al Ayuntamiento de La Oliva en 1981 un total de 270 metros cuadrados destinados a los vecinos de Corralejo para que se construyeran sus casas. Sin embargo, el Consistorio, siendo alcalde Arroyo, decide en sesión plenaria, enajenar 125.000 metros cuadrados del suelo donado que fueron adquiridos por La Caixa por 1.502.530,26 euros, unos 250 millones de las antiguas pesetas. La querella del citado colectivo vecinal alcanzó inicialmente también al secretario de la Corporación, Miguel Ángel Rodríguez, al Registrador José Manuel Muñoz y al banquero Andrés Orozco, que quedaron absueltos.
