Nueva Canarias ha propuesto al Cabildo de Fuerteventura emita un informe sobre las repercusiones para la isla de la reforma de la Ley del Suelo y ha lamentado que el gobierno insular (CC y PSOE) "ni siquiera haya fomentado la participación ciudadana en un asunto tan trascendental".
En un comunicado, la formación política ha señalado que la futura Ley del Suelo supone "un punto de inflexión" en el desarrollo turístico, social, económico y medioambiental de Canarias.
El presidente insular de Nueva Canarias y consejero del Cabildo, Alejandro Jorge, considera que el equipo de gobierno del Cabildo "se está basando más en consideraciones políticas que técnicas, en lo que respecta a la Ley del Suelo y está pasando de puntillas y conformándose con apoyar al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo".
A su juicio, el debate en este asunto es "nulo, ya que ni Coalición Canaria ni el Partido Socialista están interesados", por lo que han propuesto que "se elabore un estudio que señale las repercusiones que tendría esta ley para la isla".
Alejandro Jorge cree que esta falta de interés responde a que "saben que la Ley del Suelo genera muchas dudas y rechazo y no les interesa que se escenifique de forma clara, por eso, lejos de abrir un debate a la ciudadanía, optan por pasar de puntillas".
Por su parte, el secretario de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la ejecutiva insular de NC, Sergio Verástegui, ha mostrado su sorpresa por "la pasividad del gobierno de la isla"
A su juicio, con esta ley desaparecerá "la razón de la existencia de los cabildos en este aspecto de ordenación territorial y Fuerteventura no se planificará como una unidad territorial, sino como trozos de territorios que se irán planificando por separado y sin visión global".
Verástegui considera "lamentable" que el Cabildo "no haya planteado un debate ciudadano sobre la Ley del Suelo" y cree que se ha de contrastar las opiniones de las diferentes especialidades implicadas en la cuestión: "sociólogos, expertos en ordenación, técnicos ambientalistas, economistas, expertos en turismo, en psicología y otros colectivos cívicos, ya que este asunto no lo deben decidir en exclusiva los políticos de turno".
