Diecisiete concejales, entre ellos tres exalcaldes del Ayuntamiento de La Oliva, se sentarán en el banquillo de los causados por un delito de prevaricación y exacciones ilegales. La juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puerto del Rosario, ha ordenado la apertura de juicio oral del llamado 'caso Baku'. La Fiscalía solicita tres años de cárcel, 18 de inhabilitación para el desempeño de cargos municipales y una indemnización de 552.227 euros. También se encuentran imputados varios técnicos municipales. Tan sólo tres de los acusados se encuentran actualmente en activo.
Nueve años después de que Carmelo Calero, coordinador de la formación política Alternativa Democrática de Fuerteventura (ADF), presentara ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas una denuncia por irregularidades cometidas por el Consistorio majorero entre los meses de noviembre de 2002 y marzo de 2003 en la aprobación de un pliego de cláusulas para un concurso de adjudicación de un centro de ocio en Corralejo, la aprobación del proyecto de ejecución de las obras y la licencia de primera ocupación, la juez ha declarado abierto el juicio oral.
Los imputados que se sentarán en el banquillo son: Domingo González Arroyo (exalcalde), Marcelino Umpiérrez, Alejandro Hernández, Antonio Darias, Tomás Andrés Pérez, Cristóbal Calero, Maximino Méndez, José Juan Aguiar, Felipe Miranda, Olivia Estévez, Raimundo Domínguez, Marcial Hernández, Claudina Morales (exalcaldesa), Guillermo Morera, Miguel Ángel Vera, Rosa Fernández (exalcaldesa) y Felipe Figueroa. También se encuentran acusados tres técnicos municipales. De todos los imputados solo tres continúan en la vida política y en el Consistorio de La Oliva: Claudina Morales (Coalición Canaria ), Rosa Fernández (PSOE) y Marcelino Umpiérrez (Nueva Canarias).
La juez Casado también ordena que se requiera a los imputados, salvo al técnico Jerónimo Soto, para que presten una fianza de 736.302,66 euros por las responsabilidades pecuniarias.
Los hechos se remontan a finales de 2002 cuando se aprobó el pliego administrativo del concurso para la adjudicación de un contrato para la redacción de un proyecto, construcción y posterior explotación de un parque de ocio en suelo municipal. En abril de 2003, siendo alcalde Arroyo, se aprobaría el proyecto básico de las obras del Parque Baku, el cual fue aprobado por acuerdo plenario por unanimidad. Además en noviembre de 2003 con Claudina Morales de alcaldesa, la comisión de Gobierno acordó la aprobación definitiva del proyecto de ejecución y se autoriza el inicio de las obras.
El precio del contrato entre el Ayuntamiento de La Oliva y la empresa Joca ascendía a 17.442.704,06 euros. El plazo de la concesión para la explotación de las instalaciones se fijo en 47 años y diez meses, mientras que la entidad adjudicataria debía pagar en concepto de explotación un canon de 36.000 euros anuales, que nunca se llegó a ingresar en las arcas municipales.
Uno de los aspectos más llamativos es que se eximio a la empresa adjudicataria del concurso de las tasas por licencias municipales y por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) que ascienden a 552.227 euros, cantidad que dejó de recibir el Consistorio.
La fiscalía considera que la adjudicación de la explotación del centro de ocio se realizó sin la elaboración de los preceptivos informes jurídicos y la parcela donde se levantó no permitía este tipo de infraestructuras al estar categorizada y clasificada como zona verde y de equipamiento institucional.
