Al Cabildo de Fuerteventura se le amontonan los problemas con el sector agrícola. Al rechazo de los agricultores al Plan Hidrológico se le une ahora las criticas del sector a las nuevas normas para la concesión de ayudas al agua agrícola. Los seis alcaldes majoreros han hecho piña con los hombres del campo y reclaman al Cabildo que paralice los criterios del nuevo convenio de subvenciones para el agua de riego, para no causar un perjuicio económico al sector primario. Desde la institución insular se asegura que sólo se pretende regularizar la actividad y clasificar a los peticionarios en función de su dedicación a la agricultura.
Las nuevas bases de subvenciones al agua agrícola establecidas por el Cabildo majorero no han sentado nada bien a los agricultores no profesionales o a tiempo parcial. Para poder acogerse estos a las ayudas deben justificar en su declaración de la renta que un porcentaje de sus ingresos, que varían según la categoría, proceden de la actividad agrícola.
Las citadas normas establecen tres categorías de agricultores que pueden optar a las indemnizaciones : profesional, a tiempo parcial y domestica. Los primeros deben justificar en su declaración de la renta que han registrado un 20% de ingresos exclusivos de la agricultura. Los segundos un 10% y a los terceros no se les exige ningún tipo de ingresos.
El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura, Juan Estárico, señala, que "lo que se pretende desde el Cabildo es conocer exactamente la actividad que genera cada uno d elos peticionarios y tenerlos clasificados en función del grado de profesionalidad que desarrollan en la actividad agraria".
El Cabildo majorero subvencionó el pasado año 416.666,66 metros cúbicos de agua al sector agrícola. La institución insular abona al Consorcio de Aguas de Fuerteventura (CAAF) 2,40 euros por metro cúbico, de los que 0,60 euros debe pagar el agricultor y el resto el Cabildo. Para este año, la Consejería ha destinado poco más de un millón de euros para subvencionar al sector en el suministro de agua destinada a riego.
Estárico, aclara, que los agricultores a tiempo parcial seguirán beneficiàndose de las ayudas al consumo de agua agrícola "pero deben estar dados de alta como agricultor bien a nivel personal a través de sociedades unipersonales". Además, añadió, que "se dará un plazo a todos los beneficiarios para que regularicen su situación".
Los agricultores no profesionales rechazan las citadas normas de control del Cabildo majorero. "Triplicamos a los profesionales y por ello debemos seguir recibiendo como hasta ahora las ayudas sin ningún tipo de restricciones o normas. Debería de tramitarse toda la documentación como hasta ahora. Nuestra labor es a tiempo parcial y no nos pueden exigir que nos demos de alta como autónomos porque entonces no ganamos ni para los gastos", aseguró uno de los agricultores a tiempo parcial. Además, las mismas fuentes aseguran que las normas de control "llegan tarde. No se puede modificar el convenio después de hacerse público la convocatoria. Llevamos ya un mes gastando agua en base a las normas anteriores y, ahora, quieren cambiarlas. No es justo".
Competencia desleal
Los agricultores profesionales aplauden la decisión de la Consejería insular del sector primario. Consideran que los agricultores "nos hacen la competencia desleal. Se mueven en la economía sumergida, no se dan de alta como autónomos y encima no pagan impuestos", aseguran. Además, afirman que "no es justo que el taxista, el funcionario público o el empleado del aeropuerto quieran ser agricultores y recibir ayudas por el agua agrícola. Que regularicen su situación y se den de alta en la Seguridad Social. Si el Cabildo los subvenciona podría estar cometiendo una prevaricación".
