En tan solo cuatro días, un total de dieciséis concejales y exediles del Ayuntamiento de La Oliva han desfilado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario acusados de un presunto delito electoral. Todos los miembros que asistieron al último pleno celebrado en la legislatura 2011-2015, así como la entonces secretaria accidental, debieron comparecer ante la juez en calidad de querellados.
Ayer tuvieron que declarar los concejales que forman parte de la actual Corporación: Marcelino Umpiérrez y Oliver González (Nueva Canarias), Julio Santana (PSOE) y Evelín Gómez (PPM). También tuvieron que comparecer ante la juez los exediles Minerva Carballo (CC), Juan Francisco González (PPM), Margarita Santana (PPM), Agustín Santana (PSOE) y Cristóbal Calero ( NF ).
El pasado jueves hicieron el mismo recorrido Rosa Delia Cabrera, exsecretaria, así como los miembros del Consistorio, Claudina Morales (CC) exalcaldesa y actual directora general de Igualdad, Genaro Saavedra (CC) y Omaira Saavedra, así como los exediles Miguel Van Daele, Alejandro Curbelo (CC), Soledad Aguiar (CC) y Máximo Gutiérrez (CC).
El origen de la intervención de la Justicia se localiza en la sesión plenaria celebrada el 27 de abril de 2015 en el Consistorio majorero donde se celebrara un sorteo para designar a los vecinos que debían formar parte de las mesas electorales en los comicios de mayo de 2015. Para ello se utilizó un programa informático de la Fecan y en base a los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Una denuncia del actual portavoz de Votemos, Álvaro de Astica, que en aquellas fechas no era cargo electo, ante Fiscalía determinó la imputación de la exsecretaria, Rosa Delia Cabrera, por un presunto delito electoral, al determinar que se excluyeron a determinadas personas elegidas y que eran aptas para desempeñar su papel en el control electoral.
La fiscal Azucena Oti puso en entredicho la actuación de la entonces secretaria de la Corporación al considerar que se excluyeron a vecinos en atención a sus nombres y apellidos de origen extranjero y se les impidió realizar un ejercicio de un derecho cívico.
Sin embargo, la denuncia inicial contra la exsecretaria se extendió posteriormente en forma de querella a todos los integrantes del pleno. La querella fue interpuesta por la presidenta de Votemos, Anahi Fernández.
Por este motivo, la fiscal demandó a la juez Ana Moreno Valenciano la apertura de diligencias previas para investigar la existencia o no de un delito electoral. Por ello, la juez dictó una providencia para que los miembros del polémico pleno comparecieran en calidad de querellados.
Los concejales y exconcejales negaron los hechos que se les imputa y señalaron que entre los vecinos seleccionados habían personas que no eran aptas para ocupar un cargo en las mesas electorales. " El censo no estaba depurado y salieron personas que habían fallecido que incluso se encontraban gravemente enfermos que les impedía acudir a la mesa electoral. Nunca se discriminó a nadie por su nacionalidad", señalaron.
