La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas deberá decidir si decreta la liber- tad provisional para Félix Daza Cabeza, presunto autor de la muerte de la periodista argenti- na Lorena Mazzeo Oliveira, o por el contrario apuesta por su continuidad en la cárcel, donde se encuentra recluido desde el pasado 12 de enero.

El magistrado ponente, José Luis Goizueta, preside la vista que se celebra hoy en la capital grancanaria para resolver el recurso de apelación presentado por el letrado de Félix contra el auto de prisión decretado el pasado mes de enero por la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Puerto del Rosario.

Daza fue detenido por agentes del Grupo de Homicidios y la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) como presunto autor de la muerte de Lorena, ocurrido a finales del pasado mes de octubre en el interior de una vivienda en Puerto del Rosario. La autopsia reveló que la causa del óbito fue por asfixia aunque el cadáver no presentaba signos externos de violencia.

Javier Goñi, el letrado defensor, justifica la petición de libertad en que no existe riesgo de fuga de su defendido dado que es militar profesional desde hace siete años. Félix pertenece al Regimiento de Infantería Ligera Soria 9, con guarnición en Puerto del Rosario. Además, añade que tiene dos hijos que residen en la isla majorera.

El abogado del militar detenido también refleja en su recurso que su cliente no tiene posibilidades económicas y sobre todo, que "ha permanecido en su puesto de trabajo desde que ocurriera el suceso". También pone en cuestión que Félix fuera la última persona que mantuvo contacto personal con la víctima. Goñi considera que tampoco existe riesgo de destrucción o alteración de pruebas porque las llamadas y mensajes de los móviles de Lorena, que no han aparecido, han sido transcritos.

Por su parte, el abogado de la víctima, Andrés Jiménez, contratado por la familia, se opondrá a la petición de liberación del soldado preso "en base a la alarma social creada, por la posibilidad de interferir en testigos y en el posible riesgo de fuga". Además, añadió, que "no es socialmente aceptable que alguien que ha confesado un crimen se ponga en libertad".