La Audiencia Provincial de Las Palmas mantiene la imputación del que fuera jefe del Cuartel de la Guardia Civil de Morro Jable y uno de los agentes acusados de los delitos de detención ilegal y contra las garantías constitucionales. Sin embargo, ha acordado el sobreseimiento de tres guardias que también se encontraban encartados en este caso, que tuvo una enorme repercusión mediática y social dado la labor profesional que desempeñaban los acusados. La operación puesta en marcha por la propia Guardia Civil a través de su departamento de Asuntos Internos se saldó con varios agentes detenidos.
La denuncia tiene su origen en un informe remitido por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) a la Fiscalía Anticorrupción tras recibir un escrito anónimo de un agente del instituto armado donde reflejaba una colección de presuntos delitos cometidos por el entonces sargento jefe del puesto de Morro Jable, Carlos C. V. y varios de agentes a su mando.
Los hechos se remontan cuando uno de los guardias llamó a declarar al acuartelamiento de Morro Jable a dos mujeres llamadas Judith y Karen en calidad de detenidas en relación con un hecho delictivo, que al parecer no está acreditado. Tampoco, según los magistrados, cabe deducir que los cuatro recurrentes estuvieran presentes en la toma de declaración de las dos mujeres detenidas, aunque no está demostrado esta situación. Por ello, se especula que pudieron cometer una detención ilegal. Sin embargo, los guardias que recurren ante la Audiencia no confeccionaron la ficha de detenidos, y ninguno intervino en la redacción del presunto atestado, pues en el Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO), programa informático donde la Guardia Civil registra las denuncias, no consta la misma, ni siquiera se remitió el atestado al Juzgado de Guardia.
Cuatro de los guardias civiles detenidos: José Pedro G. M., Oliver L. B., Rubén M. O. y Benjamín G. M. interpusieron un recurso de reforma ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario por el que se incoaba el procedimiento abreviado y la apertura de juicio oral. La Audiencia resolvió el sobreseimiento de los tres primeros, mientras no hace lo mismo con Benjamín, al considerar los magistrados que tuvo una parte activa en la detención de las dos mujeres "conocía que les imputaba un delito y pese a ello, no solo no se aseguró, sino que ni tan siquiera se molestó en verificar la regularidad de la privación de libertad", recoge el auto.
