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Podemos acusa al Cabildo de beneficiar a una empresa de la familia de Cabrera

La fiscal detecta que se cambió el pliego para salvar requisitos que la compañía no cumplía

Imagen del interior de la nave del Cabildo de Fuerteventura en el Polígono de El Cuchillete. LP / DLP

El Cabildo de Fuerteventura modificó el pliego de condiciones administrativas para la adquisición de una nave en la zona industrial de El Cuchillete, en el municipio de Tuineje, para beneficiar a la empresa que finalmente resultaría beneficiada en la operación inmobiliaria. Así se desprende del decreto de la fiscal Azucena Oti Cabanelas que apunta directamente al exconsejero insular de Economía y Hacienda, Manuel Miranda, actual director general de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, así como a los miembros de la Mesa de Contratación de cuya actuación deduce la existencia de un presunto delito de prevaricación administrativa. Además, el grupo Podemos, denunciante del caso, vincula la propiedad de la empresa beneficiaria " con un familiar de Mario Cabrera, expresidente del Cabildo majorero", señaló Andrés Briansó. El inmueble le costó a las arcas de la Corporación insular 1.100.960 euros.

En marzo de 2010 Manuel Miranda dictó una providencia para la adquisición de una nave industrial que sirviera para albergar a la maquinaria y camiones del Cabildo en la zona Sur, aunque identificando ya la zona adecuada para la adquisición del inmueble en el polígono industrial El Cuchillete.

Sin embargo, a pesar de los numerosos informes de técnicos de varios departamentos del Cabildo, el secretario general de la Corporación formuló reparos e informó negativamente a la citada operación, aunque sus informes no son vinculante, al considerar que no se justificaba ni motivaba la ubicación pretendida y que el Cabildo de Fuerteventura disponía de una naves ubicadas en el Llano de la Higuera, a poca distancia de la nave comprada. Y así, hasta en tres ocasiones Rodríguez informó desfavorablemente e incluso reflexiona sobre la conveniencia de un arrendamiento.

El concurso para la compra de la polémica nave salió dos veces a licitación e incluso en una de ellas se acuerda no admitir a la empresa finalmente beneficiaria: Comercial Vehículos Maxorata S. L.,. A pesar de ello, un mes más tarde la consejera de Obras Públicas, Carreteras y Patrimonio, Edilia Pérez, dicta una providencia ordenando la continuación del expediente mediante la tramitación de un procedimiento abierto y urgente. "La providencia no obedece sino a lo que parecen criterios arbitrarios para así permitir lograr la injusta adjudicación del contrato a la empresa Comercial de Vehículos Maxorata S.L., la cual sin la modificación del expediente en los términos ordenados por la providencia no podría ser adjudicataria, porque la nave ofertada estaba gravada con una hipoteca de 805.000 euros", asegura la fiscal en su escrito.

La mesa de Contratación acuerda en su sesión de 14 de junio de 2012 admitir a licitación a la citada empresa, votando a favor Antonio Mesa (presidente y entonces consejero de CC), Edilia Pérez (CC), Rita Díaz (PSOE), Eugenio Cabrera (PP) y Manuel Travieso (AMF), y votando en contra Miguel Ángel Rodríguez y Dolores Miranda, secretario e interventora, respectivamente.

La fiscal Azucena Oti descubre tras sus diligencias de investigación que la nave de la empresa adjudicataria estaba gravada con una hipoteca "la cual fue cancelada el mismo día en que fue formalizado el contrato de compraventa ante notario, si bien, antes de otorgarse el contrato de compraventa". Además, considera que el inmueble adquirido por el Cabildo incumplía varios requisitos establecidos en el pliego de condiciones "no tiene acceso directo a la carretera FV2, para acceder a dicha vía es necesario conducir por los viales internos del Polígono Industrial, por lo que dicha nave nunca cumplió el requisito de la ubicación geografía, motivo por el cual, nunca debió ser admitida a licitación".

Más contundente se muestra la representante del Ministerio Fiscal en sus conclusiones cuando afirma que se modificó el pliego de condiciones administrativas para así salvar otro de los requisitos que esta empresa no cumplía y a la injusta adquisición de una nave que no podía servir a los fines públicos para los que debería ser destinada, ocasionando el desembolso injustificado de 1.100.960 euros del erario público, fruto de una decisión que parece arbitraria de Manuel Miranda, seguida del injusto acuerdo de la Mesa de Contratación y del posterior decreto adjudicando el contrato a la empresa".

Rifirrafe

La Junta de Portavoces del Cabildo se convirtió ayer en un rifirafe entre Marcial Morales y Andrés Briansó, portavoz de Podemos. Éste denunció que Morales le llamó basura política. "Esa es la lindeza con la que me ha descrito personalmente nuestro presidente del Cabildo. En realidad es un piropo al ser una reacción desesperada ante nuestra denuncia de los desmanes de los sucesivos gobiernos de Coalición en la isla". Además, señaló, que "Nos han tildado además de antidemócratas, cuando este presidente, de careta amable, fue el que cercenó la posibilidad de pluralidad democrática al escoger a Águeda Montelongo como patrona de la Fundación Tindaya o de colocar a Arroyo en el Parque Tecnológico. Somos una molestia, me reafirmo en las declaraciones que tanto malestar han causado a su ilustrísima porque su partido actúa de forma clientelista".

Morales negó cualquier polémica. "No es nuestro estilo", afirmó.

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