El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado sentencia que admite la medida cautelar instada por la empresa Canaragua y condena al Ayuntamiento de La Oliva a pagar la deuda que la Corporación majorera mantiene con dicha sociedad por importe de 9.431.546,95 euros, más los intereses de demora.
Esa deuda, reconocida por sentencia judicial, se arrastra por el Ayuntamiento majorero desde 2014, y ha sido objeto de intensos debates en el pleno municipal donde los diversos partidos se han acusado mutuamente de no apoyar el reconocimiento de la deuda.
La sentencia reconoce que la Administración local no ha acreditado circunstancia alguna que justifique el impago y que la actuación del Ayuntamiento, formalizando un contrato de subrogación de deuda, para que ésta fuera pagada por la empresa íntegramente de propiedad municipal Suministro de Aguas de La Oliva, no es argumento válido para no atender el pago de una deuda que reconoció, se comprometió a pagar través de una sociedad de su propiedad, y además en caso de impago, asumió la obligación subsidiaria de pagarla directamente.
El contrato que unía al Ayuntamiento y a la entidad Canaragua se declaró liquidado por el Ayuntamiento de La Oliva el 29 de mayo de 2014 reconociendo un saldo en favor de la empresa de 9.881.546,95?. La deuda fue cedida a Suministro de Agua La Oliva S.A., íntegramente de propiedad cien por cien municipal, y se aceptó el cambio del deudor "condicionado a que el Ayuntamiento de La Oliva mantuviese la condición de responsable subsidiario para en caso de impago de la deuda", pactando expresamente ambas partes que " la falta de pago de dos cuotas , seguidas o alternas, habilitará a Canaragua, de forma automática para exigir del Ayuntamiento de La Oliva el cumplimiento de su obligación subsidiaria de pago".
El Ayuntamiento en el plazo máximo de dos meses desde tal comunicación viene obligado a afrontar el pago integro de la cuantía pendiente en ese momento, más los intereses moratorios que se devenguen, debiendo consignar o efectuar las modificaciones presupuestarias precisas para atender la obligación de pago.
Tribunal de Cuentas
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Oliva acordó el pasado 27 de septiembre remitir también al Tribunal de Cuentas copia del expediente relativo a la deuda con la empresa Canaragua, incluidas las cuentas de la sociedad Suministros de Aguas de La Oliva, por si de la misma se desprendiera responsabilidad contable por la actuación de la ex alcaldesa Claudina Morales u otras personas.
La entonces alcaldesa Claudina Morales como autoridad responsable de ordenar la ejecución del pago de la deuda de 9.881.546,95 euros reconocida mediante sentencia judicial, "no sólo no acordó el pago en la forma y con los límites del respectivo presupuesto; sino que elevó al pleno propuesta de aprobación de la liquidación del contrato sin reconocer la obligación ni contabilizar la deuda, a pesar que venía obligado a ello; para posteriormente proceder, quebrantando toda la legislación vigente, a aprobar un acuerdo de subrogación de deuda, mediante cesión de la misma, a la sociedad mercantil Suministros de Aguas La Oliva sin sujetarse al procedimiento legalmente establecido, adoptando el Ayuntamiento la posición de responsable del pago de la deuda, sin contabilizarse la misma en la contabilidad de la sociedad, pactando un pago aplazado hasta el año 2033", aseguraron entonces desde el gobierno municipal.
El gobierno que preside Pedro Amador, incluyó en el orden del día de la sesión plenaria celebrada en julio, una propuesta para contabilizar la deuda y abonarla en su totalidad con una modificación de crédito procedente del remanente que, además, permitía al Ayuntamiento ahorrarse más de dos millones de euros de intereses, propuesta que fue rechazada por los grupos Coalición Canaria, Partido Progresista Majorero y Nueva Canarias.
Sin embargo, los grupos de la oposición, conformado por PPM, CC y NC, que son los que presentaron el pasado día 2 una moción de censura contra el alcalde Pedro Amador, solicitaron un pleno extraordinario el pasado 15 de marzo con el objetivo de que se la deuda quedara contabilizada en el Ayuntamiento de La Oliva y "la negativa del grupo de gobierno preside el alcalde Pedro Amador se debe a su afán de judicial izar este asunto, cuando no hay razón para ello", sentenciaron los concejales de la oposición.
