Fuerteventura puede perder el futuro Palacio de Justicia sino se pone a disposición del Gobierno de Canarias del suelo necesario para la construcción de la nueva sede judicial. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario no ha sido capaz de cerrar el convenio con el Ministerio de Defensa que posibilite la ubicación de los juzgados en una parcela ubicada en la trasera del cuartel del Regimiento de Infantería Soria 9. Los 400.000 euros destinados a la redacción del proyecto de los nuevos juzgados de Puerto del Rosario y Santa Cruz de Tenerife podrían derivarse hacia la capital tinerfeña. Mientras tanto, el Gobierno de Canarias paga 308.939,88 euros anuales por el alquiler de cinco locales donde ubica a cuatro Juzgados y a la Fiscalía.
Fuerteventura continúa reivindicando un nuevo edificio que acola todos los órganos judiciales, así como servicios, que existen en el partido judicial majorero y que actualmente se encuentran dispersos en cuatro sedes. La falta de espacio, que se ha venido demandando desde hace tiempo, ha provocado que el Gobierno canario tenga que desembolsar mensualmente 25.504,99 euros para pagar los alquileres de cuatro locales. Por el inmueble donde se ubican los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 5 y 6 debe abonar 11.435,26 euros; por los locales que albergan al Juzgado de lo Social y de lo Penal la cantidad a pagar asciende a 10.680,83 euros, mientras que por la Oficina Permanente de la Fiscalía el alquiler es de 3.628,90 euros.
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario inició con Marcial Morales de alcalde, conversaciones con el Ministerio de Defensa para alcanzar un acuerdo de cesión de una parcela militar de unos 10.000 metros cuadrados con el fin de ubicar la futura sede judicial. A cambio, a la institución militar sería compensada con una mejora de la edificabilidad en la superficie restante, que sería la autorización para edificar dos torres de viviendas u oficinas de ocho alturas.
Sin embargo, ni antes Marcial Morales ni ahora Nicolás Gutiérrez, han sido capaces de cerrar el convenio con Defensa. Esta situación imposibilita la puesta a disposición del Gobierno de Canarias del suelo para la construcción del Palacio de Justicia. En caso que en un periodo de seis meses no esté cerrada la citada operación inmobiliaria se perdería la presupuesto asignado.
Una de las soluciones que aporta tanto el PSOE como otros colectivos es que el Cabildo de Fuerteventura ponga a disposición del Gobierno terrenos de su propiedad en la avenida Juan de Bethencourt, suelo destinado a zona administrativa, pero la institución insular no está por la labor.
