La Audiencia de Las Palmas juzgará el jueves al exalcalde de La Oliva Domingo González Arroyo y a otros cinco concejales del PP en 1999, para los que se piden seis años de inhabilitación por vender un suelo cedido al municipio a condición de que beneficiara a los vecinos de Corralejo.
El suelo en cuestión formaba parte de las 27 hectáreas de terreno del Coto del Tamboril y Fragoso de los Negros" donadas en 1982 por un ciudadano belga al municipio de La Oliva con la condición de que se destinara "a cubrir las necesidades de los vecinos de Corralejo, quedando el sobrante a favor del Ayuntamiento".
Sin embargo, el 7 de agosto de 1999 el pleno del Ayuntamiento de La Oliva vendió casi la mitad de ese suelo (12,7 hectáreas) en un pleno extraordinario y urgente, en una decisión que contó con el voto favorable del alcalde González Arroyo y de los concejales Tomás Andrés Pérez Rodríguez, José Cristóbal Calero Cabrera, José Juan Aguiar Montelongo, Marcelino Umpiérrez Figueroa y Alejandro Hernández Benítez, todos ellos del grupo popular.
Marcelino Umpiérrez forma parte en la actualidad del equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Oliva, como concejal de Turismo, adscrito al grupo de Nueva Canarias.
La Fiscalía sostiene que los seis acusados conocían "perfectamente la condición que pesaba" sobre la donación de esos terrenos y pretendieron "quebrantarla".
Y todo ello, añade, "a sabiendas de su clamorosa ilegalidad, pues no se había destinado porción alguna de la finca donada a cubrir las necesidades de los vecinos de Corralejo", y también de que ese expediente de venta de terrenos "carecía de los informes técnicos y jurídicos preceptivos".
El Ministerio Público acusa a los seis procesados de un delito de prevaricación administrativa, por el que propone que se les imponga a todos ellos una pena de seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Además, la Fiscalía demandará a la Audiencia de Las Palmas que anule el contrato de venta y que el suelo enajenado en 1999 se reponga "a su estado anterior, si fuera legalmente posible".
González Arroyo ya fue condenado en 2015 a otros nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, relacionado con el funcionamiento de la cantera de Lomo del Pájaro.
