El exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo defendido ayer que se cumplió la voluntad del donante que en 1982 cedió al municipio 27 hectáreas de terreno para cubrir las necesidades de los vecinos de Corralejo, aunque el Ayuntamiento segregara casi la mitad de ese suelo para luego vendérselo a una entidad bancaria.
La Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas comenzó ayer en Puerto del Rosario la vista oral del juicio "Las Clavellinas", en el que se juzga a Domingo González y a los cinco concejales de La Oliva de la legislatura 1999-2003, todos entonces del Partido Popular, que apoyaron el 7 de agosto de 1999, en un pleno extraordinario y urgente, la venta de casi la mitad de ese suelo, unas 12,5 hectáreas. Se les acusa de un delito de prevaricación.
El fundador del Partido Progresista Majorero (PPM) insistió durante su declaración en que la donación realizada por el belga Guy Van Daele, en nombre de la entidad mercantil Placasa SA, de una parcela rústica de 27 hectáreas en la zona del Coto del Tamboril y Fragoso de los Negros, "se aceptó con la libertad para poder enajenar una parte y destinar el resto al servicio de los vecinos".
González Arroyo ha reconocido que en la zona se construyó una potabilizadora e insistió en que la segregación de los terrenos se hizo con el respaldo de informes técnicos y jurídicos y con la legalidad para ponerlos a disposición del Ayuntamiento.
El político majorero explicó que conocía al donante de las parcelas, sin llegar a "tener vida social con él", y que la cesión se aceptó en pleno para más tarde ser escriturada.
A la pregunta del abogado de la acusación Juan David García de si se ha levantado en esos terrenos alguna vivienda a favor de los vecinos, Arroyo declaró que "el suelo no está urbanizado". Por consejo de su letrado, el exalcalde no continuó respondiendo a las preguntas de la acusación durante la primera sesión del juicio que continuará hoy con la toma de declaraciones de los testigos.
Junto a González Arroyo, se sentaron en el banquillo de los acusados los cinco ediles populares que votaron a favor de la segregación: José Juan Aguiar Montelongo, Alejandro Hernández Benítez, José Cristóbal Calero Cabrera, Tomás Andrés Pérez Rodríguez y Marcelino Umpiérrez Figueroa, el único que aún continúa activo en política como concejal de Turismo en La Oliva bajo las siglas de Nueva Canarias (NC)
Todos ellos han negado haber votado a favor en el pleno de 1999 acatando órdenes de Domingo González Arroyo y han asegurado haberse amparado para su votación en los informes jurídicos.
El actual edil de La Oliva, Marcelino Cerdeña, señaló desconocer si en esos terrenos "se ha hecho algo para los vecinos", una contestación en la que también han coincidido el resto de los exconcejales juzgados, salvo José Juan Aguiar, que se ha negado a responder a otras preguntas que no fueran las de su letrada.
Los terrenos se adjudicaron a una entidad bancaria que pagó 250 millones de pesetas (1,5 millones de euros), que se destinaron a pagar un crédito que el Consistorio mantenía con ese banco.
Los acusados han reconocido desconocer si se pagó con ese dinero la deuda contraída con el banco a la pregunta de la acusación, que ha recordado que "está prohibido pagar deuda municipal con la enajenación de bienes".
La Fiscalía sostiene que los seis acusados conocían la condición que pesaba sobre la donación de esos terrenos y "pretendieron quebrantarla". Pide una pena de seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
