La Fiscalía ratificó ayer ante la Audiencia de Las Palmas en su solicitud de condena de seis años de inhabilitación para el exalcalde de La Oliva Domingo González Arroyo y cinco exconcejales por haber prevaricado al vender a una entidad bancaria, en 1999, unos terrenos que habían sido cedidos al municipio para el beneficio de los vecinos de Corralejo.
En este juicio que viene celebrando desde el pasado jueves la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, compuesta por los magistrado Emilio Moya, Carlos Vielva y Oscarina Navarro, se acusa a González Arroyo de haber segregado y subastado 12,5 de las 27 hectáreas de terreno donadas a La Oliva por el belga Guy Van Daele, en nombre de la entidad mercantil Placasa SA, en la zona del Coto del Tamboril y Fragoso de los Negros.
Estos terrenos salieron a subasta tras el pleno del 7 de agosto de 1999 en el que González Arroyo y los cinco concejales de su partido en esa época (PP) votaron a favor de la segregación de ese suelo, que fue adquirido por La Caixa por 250 millones de pesetas (1,5 millones de euros), que se destinaron a pagar un crédito que el Consistorio mantenía con la misma entidad.
La representante del Ministerio Fiscal ha pedido que se condene por prevaricación a los seis acusados que en el pleno de 1999 votaron a favor de la segregación a "sabiendas que la condición que se había impuesto en la donación, la de satisfacer las necesidades de los vecinos, en ningún caso se había cumplido".
La fiscal considera que, en la vista oral, ninguno de los procesados "ha sabido responder si se ha llevado a cabo alguna construcción para beneficiar a los vecinos", a lo que se suma la declaración prestada ayer por el representante de Placasa, Alberto Laud, que señaló que sigue sin hacerse nada en favor de los vecinos en los terrenos y ha aclarado que su entidad "no permitió esa compra-venta".
La acusación pública apuntó, además, que el expediente de enajenación que se llevó al pleno "no contaba con los informes técnicos y jurídicos, que tenían que recogerse en este tipo de expedientes".
La postura de la Fiscalía se apoya también en el testimonio ofrecido el jueves por el que fuera secretario por esas fechas en el Ayuntamiento de La Oliva, Miguel Ángel Rodríguez, quien manifestó que "ese informe debería haber estado incluido en el expediente de enajenación cuando se sometió a votación". Además, recordó que Rodríguez emitió un informe, en enero del año 2000, donde "reitera que se encuentra disconforme con ese expediente de enajenación" y pone de manifiesto que no se había cumplido, en ningún momento, "la condición de destinar esos terrenos a beneficio de los vecinos".
Por último, la fiscal señaló que queda "claro" que el beneficio obtenido por la venta de esos terrenos a La Caixa fue para "satisfacer una deuda contraída con la entidad bancaria".
La fiscal se ampara en testimonios como el del delegado de La Caixa en esa época en Canarias, Andrés Orozco, que hoy ha reconocido en su declaración que cuando accedió al cargo había una deuda del Ayuntamiento, heredada del banco Islas Canarias, de más de 500 millones de pesetas.
"La Caixa dio un talón que se ingresó en la cuenta que el Ayuntamiento tenía en esa entidad y automáticamente se procedió a retener la cuantía de esa compra", ha explicado la fiscal.
La Fiscalía entiende, por ello, que se ha producido "la infracción" del artículo 5 de la Ley de Haciendas Locales, que dispone que el dinero procedente de las enajenaciones "en ningún caso puede destinarse a financiar gastos corrientes como se ha producido con la deuda del Ayuntamiento".
La acusación particular, representada por la entidad Difusión Comercial e Inmobiliaria SA, también ha pedido seis años de inhabilitación por prevaricación para González Arroyo y los cinco ediles de la legislatura 1999-2003: José Juan Aguiar Montelongo, Alejandro Hernández Benítez, José Cristóbal Calero Cabrera, Tomás Andrés Pérez Rodríguez y Marcelino Umpiérrez Figueroa, actual concejal de Turismo en La Oliva por Nueva Canarias (NC)
Por su parte, el abogado de la acusación popular, representada por la Asociación de Vecinos de Las Clavellinas, Juan David García, volvió a pedir nueve años de cárcel para el exalcalde y seis años de prisión para cada uno de los concejales por delitos de malversación, apropiación indebida y prevaricación.
Durante el juicio, el letrado García trató de demostrar que La Caixa emitió un cheque de 11,2 millones de pesetas en concepto del pago del IGIC que no fue ingresado en la Agencia Tributaria, sino que, según sus datos, fue aportado a Banesto para que "fuera presentado el cobro por compensación".
El abogado de la defensa, Javier Artiles, ha pedido durante la lectura de las conclusiones la absolución de los delitos que se acusan a sus representados así como el cobro de costas a Las Clavellinas.
Ayer prestaron declaración como testigos el tesorero del Ayuntamiento, José Cabrera, que ha asegurado desconocer cuál fue el precio de la venta de los terrenos ni la deuda contraída con La Caixa y Carlos Sáenz, interventor en esa época en La Oliva y juzgado por el "caso Montecarlo".
Durante el turno de declaraciones de los testigos, el representante de Placasa, Alberto Laud, negó tras la pregunta del abogado de la defensa, que la donación de los terrenos se hiciera a cambio de un plan parcial que permitiera urbanizar el resto de la finca, propiedad de su empresa y con más de tres millones de metros cuadrados. El Plan Parcial se aprobó en 1998 pero fue más tarde anulado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJC).
