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La Audiencia condena a Arroyo y cinco concejales a cinco años de inhabilitación

Los magistrados consideran que la subasta del terreno fue ilegal porque fue donada a los vecinos de Corralejo

Imagen del juicio celebrado en Puerto del Rosario, el pasado mes de junio, por el caso 'Las Clavellinas'. LP/DLP

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado al exalcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, y a cinco de sus concejales que formaban parte del grupo de gobierno en 1999 a una pena de cinco años de inhabilitación para cargo público, sea lectivo o de libre designación, a nivel local o insular por un delito de prevaricación.

Sin embargo, los magistrados de la Sección Sexta de la citada Audiencia, Emilio Moya, Carlos Vielba y Oscarina Navarro, absuelven a todos los ediles imputados de los delitos de malversación de caudales públicos, mientras que a Arroyo también lo exime del delito de apropiación indebida.

El juicio oral del llamado caso ' Las Clavellinas', se celebró los pasados días 22 y 23 de junio donde el ex-regidor González Arroyo y los concejales Marcelino Umpiérrez, Cristóbal Calero, Andrés Pérez, Alejandro Hernández y José Juan Aguiar se sentaron en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación, mientras que la acusación particular incrementó los delitos de apropiación indebida y malversación de causales públicos para el entonces alcalde de La Oliva. De todos los ediles condenados, solo Marcelino Umpiérrez se encuentra en activo en las filas de Nueva Canarias (NC), ostentando actualmente el cargo de primer teniente de alcalde y concejal de Turismo en el Ayuntamiento de La Oliva.

Los hechos se remontan a 1981 cuando el ciudadano Guy Vandaele dona al Ayuntamiento de La Oliva 27.000 metros cuadrados destinados a cubrir las necesidades de solares de los vecinos de Corralejo, quedando el sobrante a favor del Consistorio, como bienes propios. El pleno de la Corporación aceptó la donación, que se elevó a escritura pública en enero de 1982.

Sin embargo, el suelo donado nunca fue entregado a los vecinos. Además, el pleno municipal aprobó con los votos de los entonces concejales del Partido Popular (PP), enajenar 125.000 metros cuadrados del suelo donado a la Caixa por valor de 1.502.530,26 euros, para liquidar una deuda municipal contraída con la entidad bancaria.

La Asociación de Vecinos 'Las Clavellinas' interpuso una querella criminal en diciembre de 2002 contra los ahora condenados. El colectivo vecinal también extendió su denuncia contra el entonces secretario del Ayuntamiento de La Oliva, Miguel Ángel Rodríguez, así como el exdelegado de La Caixa en Canarias, Andrés Orozco, denuncias que finalmente el juez instructor del caso decretó el archivo de las mismas.

Los magistrados reconocen en la sentencia emitida la existencia de la negociación que "se aprobó la enajenación con una única finalidad , la de liquidar la deuda con La Caixa que efectivamente se liquidó con el importe de la subasta". Además, añade, que el acuerdo de vender el terreno donado a los vecinos "inflige abiertamente la cláusula cuarta de la escritura de donación".

La sentencia es susceptible de recurso de casación en un plazo de cinco días.

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