La Fiscalía Provincial de Las Palmas solicita para el exjefe de la Guardia Civil en Morro Jable, Carlos C.V., la pena de cuatro años y seis meses de cárcel y 12 años de inhabilitación por los delitos contra la libertad individual y por falsedad en documento oficial. La fiscal también impone al agente Benjamín G. M. una pena de tres años de inhabilitación como cómplice de unos de los delitos que le imputa al que fuera máximo responsable del acuartelamiento sureño.

La fiscal Marta Rodríguez recoge en sus conclusiones que el guardia Benjamín, en connivencia con el sargento jefe del destacamento del instituto armado, se puso en contacto con una mujer identificada como J. P. P. C. y le conminó a que acudiese junto a K.E.R.L. al puesto de la Guardia Civil por la supuesta implicación de ambas mujeres en un delito de hurto.

Las mismas acudieron a la citación, a pesar de tener conocimiento los acusados poco después de que el supuesto perjudicado no quería presentar denuncia "las mantuvieron retenidas casi cuatro horas en el cuartel en contra de la legalidad puesto que no existían indicios de criminalidad frente a ellas. Los acusados dijeron a las perjudicadas que estaban detenidas.... Las perjudicadas no fueron asimismo asistida por letrado alguno", señala la fiscal en su escrito de acusación.

La representante del Ministerio Fiscal apunta que a sabiendas de la ilicitud de sus actos y a los efectos de dar apariencia de veracidad de los mismos, el acusado Carlos C. V., creó en el Servicio Informático de la Guardia Civil (SIGO) un hecho delictivo por hurto fruto de la supuesta denuncia que nunca se llegó a producir. Posteriormente, creó un hecho en el sistema relativo a la detención de las dos mujeres, de varias diligencias: de exposición, entrega de atestado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario, y el acta de puesta en libertad de cada una de las perjudicadas. Sin embargo, la fiscal Marta Rodríguez considera que el atestado "nunca llegó a entregarse en el Juzgado mencionado".

Ante ello, la Fiscalía interesa la apertura de juicio oral al entender que los acusados han cometido los delitos contra la libertad individual y falsedad en documento oficial. Ante estos hechos pide una pena de 12 años de inhabilitación, siete por el delito contra la libertad individual y cinco por falsedad en documento oficial para el exjefe Carlos C.V., así como la pena de cuatro años y seis meses de prisión y multa de 18 meses con una cuota diaria de 30 euros. Además, para el guardia Benjamín G. M. demanda tres años de inhabilitación por ser cómplice de uno de los delitos cometidos por el sargento.

En este caso también estaban imputados tres guardias civiles más del cuartel de Morro Jable: Rubén M. O., Pedro G. V. y Oliver L. B., pero quedaron absueltos tras presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial los magistrados consideraron que los mismos no intervinieron en los hechosdelictivos.