El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario, José Luís Ruipérez Marín, ha acordado el archivo del llamado ' caso nóminas' donde se acusaba a una funcionaria del Ayuntamiento de La Oliva de haber hackeado presuntamente el sistema informático para subirse el sueldo. La Fiscalía solicitó al Juzgado imputar a la trabajadora por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y usurpación de funciones. El juez considera que no aparece acreditado la perpetración del delito.
El pasado 20 de diciembre, el portavoz del grupo Votemos en el Ayuntamiento de La Oliva, Álvaro de Astica, interpuso una denuncia ante el Ministerio Fiscal sobre la manipulación de los datos laborales de la trabajadora Araceli N. G. . Astica se hizo eco de dos informes de la técnico del Departamento de Personal del Consistorio, Jessica R. E. donde ponía en conocimiento del entonces alcalde Pedro Amador sobre la modificación indebida en el programa de nóminas de la institución. Se da la circunstancias que cuando se produjeron los cambios Jessica se encontraba de vacaciones.
El portavoz de Votemos también aporta a la documentación presentada en Fiscalía un informe del responsable de informática del Ayuntamiento de La Oliva que señala que "los accesos al programa de nóminas del 31 de octubre de 2016 fueron desde el ordenador de Araceli N. G.". Además, el informático reconoce que no se custodiaban de manera "demasiado diligente las claves de acceso al programa y alguien pudo tener acceso a las mismas".
La manipulación en el programa informático de gestión de nóminas supuso un aumento en el sueldo de Araceli al modificarse la antigüedad e incrementarse el número de trienios.
La fiscal jefe de Fuerteventura y Lanzarote, Yolanda López, tras las diligencias de investigación acuerda remitir al Juzgado sus conclusiones que apuntan en que Araceli pudo haber cometido el presunto delito de malversación y demanda que se le tome declaración en calidad de imputada por los delitos de malversación y usurpación de funciones públicas.
Sin embargo, el juez Ruipérez Marín considera que no aparecer acreditado la identidad de la persona que sustrajo la contraseña del programa informático de gestión de nóminas y que a su vez modificó la ficha personal de Araceli, que fue defendida en este asunto por el despacho de abogados Verdugo & Gordillo.
El ' caso nóminas' también saltó al ruedo político cuando el grupo Votemos, que cuenta con tres concejales en el Ayuntamiento de La Oliva, solicitó públicamente el cese de la concejala de Personal Joana Pérez, que pertenece al PSOE, así como que el Consistorio se personara en las diligencias previas.
El Consistorio norteño también abrió una investigación que concluyó con el archivo del expediente al no poder imputar los hechos denunciados a Araceli por falta de pruebas.
