El Ayuntamiento de La Oliva ha aprobado un decreto que impone medidas cautelares a las excursiones en buggies y quads en el municipio, tras las numerosas críticas de residentes y grupos ecologistas por el daño ambiental que ocasionan en el territorio y el descontrol existente en torno a esta actividad. El Gobierno de La Oliva anunció ayer que da quince días a los empresarios de estos negocios para que demuestren que cuentan con los permisos necesarios para desarrollar su actividad.

El alcalde, Isaí Blanco, afirmó ayer en una rueda de prensa que esta medida significa "un primer movimiento de este nuevo Grupo de Gobierno para apostar por el turismo sostenible".

Entre las medidas cautelares está prohibido el paso de excursiones a menos de 500 metros de poblados y viviendas, la apertura de nuevos caminos o pistas o cualquier tipo de vía circulatoria, el uso de garajes como talleres sin la correspondiente licencia y el almacenaje de carburantes en locales o aparcamientos.

Blanco ha explicado que se ha actuado ante "la preocupación que ha despertado en el grupo de gobierno las continuas protestas de los vecinos y todo tipo de sectores sociales y económicos con respecto a las molestias que estaban generando esta actividad".

La semana pasada tuvo lugar una reunión con todos los departamentos municipales competentes y representantes de colectivos vecinales, "en la que se puso de manifiesto que en el Ayuntamiento no constaba ningún tipo de licencia concedida a ninguna de estas empresas para ejercer la actividad ni tampoco para las actividades paralelas", ha añadido el alcalde nacionalista.

Según el concejal de Turismo, Oliver González, "la Policía Local realizará un seguimiento especial para asegurar que las empresas notificadas cumplen con las medidas cautelares, y levantarán acta de en caso de incumplimiento".

Por su parte, la concejala de Urbanismo y Licencias de Actividad, Omaira Saavedra, ha concretado que estas medidas cautelares "no son impedimento para que continúe adelante la tramitación de la ordenanza reguladora de este tipo de vehículos, cuya aprobación está prevista para el pleno de septiembre".

El abogado David Ávila, en representación de la plataforma que ha recogido miles de firmas, ha declarado que "este paso habla bien a las claras de las intenciones que tiene ahora el Ayuntamiento de proteger el territorio" y ha ido más allá asegurando que las medidas adoptadas "podrían ser incluso más restrictivas".

El Ayuntamiento de La Oliva sale así al paso ante las más de 2000 firmas en internet presentadas por ciudadanos pidiendo el cese de estas actividades. Además, este año un vecino grabó y colgó en redes sociales la caída al vacío de un buggie desde una pista a una playa, a escasos metros de la orilla donde se bañaba junto a su familia.