La aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Puerto del Rosario ha recibido 25 recursos contenciosos administrativos ente el tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Entre las denuncias destaca la presencia de importantes grupos empresariales y numerosos ciudadanos que muestran su disconformidad con el citado documento de ordenación.
Más de un millar de vecinos del municipio capitalino han mostrado su extrañeza al recibir en los últimos días una comunicación de la concejala de Régimen Interior y organización, Venessa López Pérez, en que los emplaza a que se personen en un plazo de nueve días en los citados autos judiciales. Ante ello, numerosos residentes se han personado en las oficinas de Urbanismo solicitando información sobre el mencionado requerimiento. Han sido notificados 1. 093 personas y entidades mercantiles, que representan al mismo número de alegaciones que se presentaron durante la exposición pública del documento del PGOU.
Los vecinos consideran que la comunicación oficial recibida desde el Consistorio es poco clarificador. "Recibes una notificación del Ayuntamiento que no te aclara nada. Al contrario, te genera más incertidumbre y preocupación. Deberían de explicarse mejor", apuntó a este periódico una mujer del barrio de El Charco que pidió mantenerse en el anonimato.
Desde la Concejalía de Urbanismo, que dirige el nacionalista Roberto Padilla, estos recursos al Plan General una vez aprobado definitivamente y en vigor, "hacen referencia a ámbitos concretos de diversa índole, y el Juzgado emplaza e insta siempre en estos casos a que el Ayuntamiento comunique a las personas, entidades, etc. que presentaron alegaciones en su momento y antes de la aprobación del plan como parte interesada en el documento, a que se les informe de estos nuevos recursos por si los considerasen de su interés".
El pasado 6 de octubre de 2016 la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) aprobaba de forma definitiva el Plan General capitalino tras largos años de tramitación.
Como ejes centrales del documento del PGOU, destaca la posibilidad de la tercera planta en el caso urbano, la categorización del asentamiento rural de Guisguey y la actuación de dotación del Centro Comercial Las Rotondas y su convenio.
El TSJC a través de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso presentado por los demandantes. Uno de ellos, es la organización política Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) donde se le pide que justifiquen una de sus críticas al documento, en especial a la delimitación de los asentamientos rurales que especifica el Plan Insular de Ordenación (PIOT) que "el Consistorio no respeta", apuntan los nacionalistas.
Otros recursos pertenecen a empresas como Red Eléctrica, Disa, Impescasa o Unelco.
