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El juez no ve delito en el caso del concurso de las hamacas de Corralejo

Acuerda el sobreseimiento al no existir perjuicio para las arcas municipales

No existe delito en el concurso público de los sectores de playa, especialmente hamacas y chiringuitos, del litoral de Corralejo y El Cotillo. El juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario, José Luis Ruipérez Marín, ha decretado el sobreseimiento provisional del llamado ' caso hamacas' al considerar que no es constitutivo de delito el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de La Oliva. El juez investigaba los delitos de tráfico de influencias, alteración de precios en concurso público o subsidiariamente estafa, así como cohecho.

Sin embargo, el magistrado acuerda continuar con la tramitación de las diligencias por el procedimiento abreviado por un delito de cohecho y tráfico de influencias contra los dos empresarios que trataron de sobornar al portavoz de Votemos, Álvaro de Astica, que denuncio la existencia de una trama para amañar las pujas por los sectores de playa a un precio inferior al de salida. El representante del Ministerio Fiscal pidió que se investigaran a cerca de un centenar de personas, así como a administradores de 16 empresas. También, requirió que se llamara a declarar a Astica y a a todos los miembros de la Mesa de Contratación del Consistorio de los últimos seis años.

Sin delito

A pesar de que se iniciaron las primeras declaraciones, que debían extenderse hasta finales de enero de 2018, el juez considera que de las declaraciones practicadas a varios investigados, no se aprecia delito "dado que el pliego de concesión no determina que las renuncias a las adjudicaciones no se puedan llevar a efecto antes de la adjudicación definitiva". Además, el juez Ruipérez, recoge en su auto que "no ha existido perjuicio alguno para las arcas públicas, dado que las pujas partían de un canon o precio mínimo que se ha respetado".

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de La Oliva, celebrada a finales de julio de 2015, conformada por representantes de todos los grupos políticos aprobó por unanimidad las adjudicaciones. En ningún momento el Secretario de la Corporación, ni los técnicos ni el asesor jurídico pusieron ningún reparo al acuerdo adoptado. Tampoco hubo ningún recurso a la adjudicación.

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