Cuando el 19 de agosto de 2015, el periódico LA PROVINCIA publicaba que la juez María Isabel Quintero había condenado a seis meses de prisión a Josefa Hernández por un delito contra la ordenación del territorio y por no acatar la decisión judicial de demoler la ampliación de su vivienda, se generó una riada de solidaridad incluso fuera de las fronteras canarias. No hubo un informativo de las cadenas nacionales ni los periódicos del país que no se hicieran eco de la situación de esta vecina de Betancuria. Tanto fue así, que una campaña de recogidas de firmas pidiendo su liberación logró recaudar 100.000 rúbricas.
Josefa ingresó en la cárcel de Tahíche el 24 de agosto de 2015 y tras permanecer entre rejas tres días y medio recobró la libertad después de que la Audiencia Provincial de Las Palmas revocara el auto de la juez que ordenó su encarcelamiento. La decisión de la Audiencia puso como condiciones que Josefa tirara su casa en un plazo de seis meses y que no cometiera delito alguno durante los próximos cinco años. Sin embargo, no pudo llevar a cabo la demolición por carecer de medios económicos.
Días después sería el Consejo de Ministro quien acordaba su indulto, hecho anunciado por el propio presidente del Gobierno, mariano Rajoy. A pesar de las promesas de los políticos majoreros, los incumplimientos han sido manifiestos.
Josefa reside actualmente en un piso que le ofreció en su momento la empresa del Gobierno de Canarias Viviendas Sociales Canarias (Visocan) en la zona de Rosco Prieto, en Puerto del Rosario, donde se aloja c desde entonces con sus nietos y dos de sus hijos.
