La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias cuestiona en su informe anual la gestión que realiza el Cabildo de Fuerteventura en materia de menores, al tiempo que considera que carecen de personal "mínimamente cualificado". El Cabildo majorero gestiona cuatro centros de menores donde se atiende a 38 niños en situación de desamparo y dos menores extranjeros no acompañados, aunque uno se encuentra ingresado por orden judicial en un centro fuera de la isla. La consejera insular de Bienestar Social, Rosa Delia Rodríguez, defiende la labor que se viene realizando en los centros existentes en la isla, así como el papel de los profesionales.
El resumen del Ministerio Público correspondiente al año 2016, que fue entregada a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, el pasado día 5 por el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, rechaza la denominación de ' hogares' que se viene utilizando en la isla con los centros que acogen a menores en situación de desamparo, al considerar que "no parece la más adecuada para centros que apenas trabajan la integración familiar".
Además, la Fiscalía autonómica se muestra más contundente en su memoria al mostrar su preocupación por las fugas constantes de menores que "se colocan en situaciones de extrema vulnerabilidad". También, critica que los centros "carecen de personal mínimamente cualificado", muy al contrario que la gestión que se lleva a cabo en Lanzarote, donde aún persistiendo la calificación de centros verticales "cuenta con personal altamente cualificado, dado que examinada la relación aportada, todos ellos poseen titulación de grado medio o superior, con experiencia dilatada en la gestión de centros de menores".
El Cabildo de Fuerteventura cuenta con cuatro centros de menores en la isla donde se atiende a 38 menores en situación desamparo, cuyos ingresos se producen a través de una resolución administrativa de la Dirección General del Menor o por orden de la Fiscalía de Menores. Sin embargo, el servicio de los mismos se realiza mediante una gestión indirecta, dado que está adjudicado a dos empresas externas que cuenta con su propio personal.
El Cabildo majorero sacó el pasado mes a licitación la gestión de los cuatro centros por un importe de 4.801.868 euros por un periodo de tres años. El pliego del concurso recoge que la empresa adjudicataria del servicio tendrá que aportar los cuatro inmuebles.
La consejera de Bienestar Social considera que la labor que se viene realizando desde la institución en materia de menores "es bastante buena. Nuestro objetivo es acortar el ingreso de los niños en estos centros para que regresen cuanto antes con sus familias". Además, añade, que " nuestro servicio especial de centros y familias realizan inspecciones específicas a los centros, tanto de día como de noche, para supervisar de primera mano que se cumplen todas las condiciones y que el trabajo con los niños es el adecuado".
