La Audiencia de Las Palmas ha impuesto 51 años, 14 meses y ocho días de cárcel al director de la batucada infantil Besay por abusar de los alumnos a los que daba clases de música, tal y como solicitaba la sección especializada de la Fiscalía de Delitos Informáticos de Las Palmas. Además, el empresario deberá indemnizar a los menores con 43.000 euros y la prohibición de aproximarse a los menores a una distancia inferior a 500 metros, así como a comunicarse con ellos durante un largo tiempo de años.
El juicio contra Eduardo Paz Alcalde (Barcelona, 1968) se celebró a finales de septiembre a puerta cerrada durante tres sesiones en Puerto del Rosario, entre grandes medidas de seguridad para evitar agresiones de los padres, hasta donde se desplazó la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas para enjuiciar los hechos.
La Fiscalía de Delitos Informáticos reclamaba una pena de 77 años de cárcel para el director de la batucada por los delitos de abusos sexuales continuados a menores de 13 años, exhibición de pornografía y producción de material pornográfico, por once delitos a los que finalmente ha sido condenado Eduardo Paz pese a negar los hechos en el juicio.
La clave de la condena reside, además de en la declaración de los menores, en la gran cantidad de material pornográfico encontrado por la policía en los dispositivos informáticos del acusado en especial en el local donde ensayaba el grupo musical y donde el ahora condenado daba clases particulares a los menores.
El caso se comenzó a investigar por el juzgado gracias a la denuncia de uno de los padres de los menores en la Comisaría de Policía de Puerto del Rosario, a la que posteriormente se unieron otras familias, tras la confesión de sus hijos sobre los tocamientos por parte de Eduardo durante los campamentos y las clases de apoyo. Eso motivó la detención del director de la batucada, también miembro de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, a principios de septiembre de 2014, y su posterior ingresó en la cárcel, donde ahora deberá cumplir la condena.
El juicio contra Eduardo Paz se celebró en la capital majorera el pasado 27 de septiembre, habiéndose producido a su llegada a los Juzgados majoreros momentos de máxima tensión cuando los padres y familiares de los once niños intentaron llegar hasta el vehículo policial para agredir al director de la batucada infantil.
Paz organizaba frecuentemente acampadas en compañía de los menores, bien en la finca de su propiedad en la zona de la Asomada, bien en otros lugares donde actuaba la comparsa, aunque muchos de los abusos se produjeron en Morro Jable, cuando aprovechaba de realizar tocamientos e incluso penetraciones a los menores y les realizó fotografías desnudos. "En todas las acampadas se encontraban los menores acompañados exclusivamente del acusado, ya que los padres, con plena confianza en él, dejaron a sus hijos bajo su cuidado y protección como única figura adulta, dada la tranquilidad y seguridad que suponía para ellos", destaca la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.
Tanto las declaraciones de los niños como los informes de las peritos forenses quedaron acreditados durante la vista oral, a pesar que Eduardo paz negó en todo momento estas circunstancias y mantuvo que se trataba de una confabulación de las familias.
Amigo de los políticos
Eduardo Paz llegó a Fuerteventura desde su pueblo natal de Sant Adria de Besos (Cataluña) hace más de 30 años. Sus ansias emprendedoras le llevaron a montar un negocio de marquetería y una galería de arte.
Posteriormente abriría dos nuevas tiendas. Su inquietud le permite liderar el gremio del pequeño comerciante y crea la Asociación de Comerciantes de León y Castillo (Coleyca) y desde aquí salto a la Cámara de Comercio de Fuerteventura perteneciendo a su comité ejecutivo y la comisión insular de Comercio.
Su progresión social le permite mantener estrechas relaciones con los políticos. Era frecuente observarlo en actos públicos y festivos con los máximos responsables de las instituciones majoreras e incluso en los Carnavales donde presentaba a sus candidatas a reinas infantiles, llegando a ser un colaborador habitual del Ayuntamiento de Puerto del Rosario en las carnestolondas. Sin embargo, el 4 de septiembre de 2014, fecha de su detención, comenzó su declive. Entonces, los políticos amigos le dieron la espalda. La sociedad majorera también se sintió herida por su comportamiento.
La sentencia viene a acoger la posición sostenida por el Ministerio Fiscal, cuya Sección de Delitos Informáticos es a la que competen los asuntos de pederastia por el uso de ordenadores.
El caso lo llevo desde el principio hasta el final la fiscal Sara Pérez-Olivares, que ha sido felicitada por sus superiores, así como al ponente del fallo, el magistrado García- Sotoca, y la labor del Grupo de Delitos Telemáticos y del Grupo de Informática Forense, de la Policía Nacional.
