Una auditoria realizada por el Ayuntamiento de La Oliva revela que la institución tiene pendiente de cobro 37 millones de euros, de los que unos 25 millones corresponden , en su mayor parte, a grandes deudores que nunca satisficieron sus obligaciones y cuyo cobro se presenta muy difícil de ejecutar por encontrarse en concurso de acreedores o bajo embargo.
El Consistorio norteño, que preside el nacionalista Isai Blanco, encargó una inspección a las cuentas municipales desde el año 2012 hasta la actualidad. Este encargo se realizó al interventor el pasado mes de junio para conocer la salud financiera de la institución.
Otra investigación encargada por el actual grupo de gobierno está relacionada con la Urbanizadora Corralejo Playa SA entre los años 1996 y 2006. "La liquidación de la que fuera empresa mixta municipal no se ha producido todavía, y para ello es necesario revisar la contabilidad de esta entidad en primer lugar. El Ayuntamiento ha sido condenando como responsable subsidiario a pagar cerca de 5 millones de euros en procesos judiciales relacionados con la actividad de esta empresa mixta, concretamente en relación a las cuotas que abonaron los propietarios de la urbanización Corralejo Playa durante la ejecución del plan parcial del mismo nombre", apunto el alcalde Isai Blanco.
Con estos trabajos económicos, señaló el regidor "cumplimos uno de los principales compromisos adquiridos cuando asumimos las tareas de gobierno junto a la elaboración y aprobación de un presupuesto, algo que no hacía esta institución desde diciembre de 2014. Hemos querido auditar las cuentas municipales durante un amplio periodo en que gobernaron alcaldes y partidos de todos los signos políticos, con voluntad de total transparencia, y para explicar a los ciudadanos la realidad económica que tiene esta institución".
El concejal de Hacienda, Juan José Rodríguez, valoró los resultados de la auditoría que "no ha puesto de manifiesto anomalías contables de gravedad, con excepción del tema de la caja fuerte que ya reveló la Intervención en su día y que continúa investigando los juzgados y el Tribunal de Cuentas. La investigación dibuja una situación económico financiera municipal, en general, saneada, con ciertos aspectos económicos a corregir".
Respecto a la ejecución de sentencias e indemnizaciones, el informe de la auditoria señala que ""la corporación se encuentra en medio de procesos judiciales con las empresas Canaragua o Colaboración Tributaria por reclamaciones de importes a la corporación que alcanzan cifras de en torno a una cuantía principal inicial de 9,8 millones de euros en el primer caso y de en torno a 700.000 euros por año de contrato en lo que se refiere a la segunda".
Respecto a la deuda de 37 millones pendiente de cobro, la Corporación no ha procedido a depurar la misma a la espera de hacerlo efectivo en el futuro.
